La Fiscalía acusa a dos de las tres menores investigadas por supuesto acoso a Sandra Peña

Sevilla, 15 oct (EFE).- La Fiscalía ha acusado a dos de las tres menores que fueron investigadas por supuesto acoso a Sandra Peña, la alumna de 14 años del colegio privado concertado Irlandesas Loreto de Sevilla que se suicidó hace un año víctima de un posible caso de acoso escolar, según han informado EFE fuentes del Ministerio Público.

La acusación pública, que da de esta forma por finalizada su investigación del caso, considera que las menores pudieron incurrir en delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas hacia Sandra, según avanza este jueves Diario de Sevilla.

Las menores señaladas como presuntas acosadoras comparecieron el 17 de noviembre de 2025 ante la Fiscalía de Menores, una citación judicial que se enmarcaba en los expedientes abiertos por el Ministerio Público tras el suicidio de Sandra.

En concreto, se abrió uno sobre las menores supuestamente implicadas en el caso de acoso escolar y otro para evaluar la posible responsabilidad del colegio en el que estudiaba para activar debidamente los protocolos antiacoso.

Dicha investigación se sumó a la emprendida desde un primer momento por el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional que, entre otras diligencias, analizó el móvil de la menor y redes sociales.

Previamente, ya habían declarado ante la Fiscalía tanto los padres de Sandra, quienes mantuvieron la esperanza de que se depuraran responsabilidades "ejemplarizantes" cuanto antes, como cuatro docentes del centro.

La acusación por parte de la Fiscalía de Menores se conoce un año después de la muerte de Sandra Peña, quien se quitó la vida el 14 de octubre de 2025 poco después de salir del colegio.

Este último año ha estado marcado por una doble vía de investigación, la seguida por la Fiscalía de Menores -que ya se ha concretado en un escrito de acusación- y contra la actuación del centro, impulsada en la vía penal por la familia.

Respecto a este último aspecto, los padres de Sandra consideraron que la respuesta del colegio fue insuficiente y tardía, por lo que presentaron una querella contra el centro y varios docentes.

No obstante, el juzgado acordó el archivo provisional al estimar que no existía sustento jurídico suficiente para atribuir penalmente al personal educativo la muerte de la menor, tras entender el juez que el colegio adoptó medidas frente a la situación, aunque no pudiera exigírsele un control permanente sobre la alumna.

Los padres recurrieron y reclamaron, entre otros aspectos, que se valorara la autopsia, que reflejaba cortes en el cuerpo y presencia de alcohol en sangre, además de insistir en que el acoso continuado y la falta de protocolos no podían quedar sin sanción penal.