El eslabón perdido de los incentivos a la inversión

Argentina necesita invertir más.

Sobre esa afirmación existe probablemente uno de los mayores consensos entre economistas, empresarios y funcionarios.

Sin inversión no hay aumento sostenido de la productividad, creación de empleo de calidad, incorporación tecnológica ni crecimiento económico duradero.

En los últimos dos años se avanzó en la creación de instrumentos destinados a estimularla.

Por un lado, el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) procura favorecer proyectos desarrollados por PyMEs .

En el otro extremo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece un marco fiscal, aduanero y cambiario especialmente atractivo para proyectos de gran magnitud.

Ambos instrumentos parten de una premisa correcta: cuando un país necesita inversión, su sistema tributario no debería convertirse en un obstáculo para quien está dispuesto a arriesgar capital, ampliar una planta, incorporar tecnología o aumentar su capacidad productiva.

Pero entre ambos regímenes quedó un espacio vacío.

Ahí viven miles de empresas que crecieron lo suficiente para dejar de ser Pyme, pero jamás reunirían u$s 200 millones para calificar “como gran inversión”. ¿Qué ocurre con una empresa que ya no califica como PyME y proyecta invertir u$s 5, 10, 20 o 50 millones? Puede tratarse de una inversión extraordinariamente importante para una industria, una economía regional o una determinada localidad, pero insuficiente para alcanzar los umbrales previstos para las grandes inversiones.

Esa empresa puede quedar fuera del RIMI por ser demasiado grande y fuera del RIGI porque su inversión es demasiado pequeña.

Son literalmente la clase media empresarial.

El eslabón perdido de la política de incentivos a la inversión.

La objeción previsible de cualquier funcionario es la misma de siempre: no hay espacio fiscal.

Pero conviene mirar la naturaleza de estos beneficios antes de temerles.