Cuando recaudar de más deja de ser un problema tributario

La automatización suele presentarse como garantía de eficiencia y neutralidad.

Una computadora no persigue contribuyentes ni decide favorecer a nadie: ejecuta instrucciones.

Pero esas instrucciones fueron definidas por personas que también reciben los reclamos y pueden corregir o detener el sistema.

Por eso, cuando un mecanismo automático produce cobros manifiestamente indebidos , atribuirlo todo a “lo que hizo el sistema” no explica demasiado.

El problema se ve con claridad en los regímenes provinciales de recaudación anticipada .

Los fiscos incorporan contribuyentes a padrones que utilizan bancos, tarjetas y billeteras para descontar dinero de sus operaciones, en segundos y antes de que la empresa pueda demostrar cuánto impuesto realmente debía.

Mientras los importes retenidos guarden relación razonable con la obligación futura, el mecanismo es legítimo.

La situación cambia cuando una provincia se lleva, de manera sostenida, varias veces el tributo que finalmente corresponde .

Allí la contabilidad disimula lo que ocurre en la caja: el Estado registra un “pago a cuenta” y la empresa un “saldo a favor”, pero el dinero dejó de estar disponible; la compañía deberá usar capital propio, postergar pagos o endeudarse.

Ese crédito sólo conserva valor si puede recuperarse en un plazo razonable.

Cuando su absorción demandaría años, el anticipo se transforma en financiamiento obligatorio y puede acercarse a una privación definitiva.

Hasta allí hay un problema tributario, financiero y constitucional.

Pero ciertas circunstancias pueden abrir, además, una pregunta penal .

El Código Penal contempla las exacciones ilegales: alcanza al funcionario que, abusando de su cargo, exige o hace pagar una contribución indebida.