El oficialismo logró el apoyo del peronismo y se encamina a aprobar su proyecto de discapacidad

El oficialismo se encamina esta noche a aprobar en Diputados un proyecto de ley para regularizar la atención de las personas con discapacidad y los pagos a los prestadores médicos , en busca de desactivar uno de los frentes políticos más sensibles para el gobierno de Javier Milei .

Tras una serie de reuniones a contra reloj y negociaciones que se extendieron hasta bien entrada la sesión y modificaron fuertemente la iniciativa original, el oficialismo consiguió no solo el respaldo de sus aliados habituales, sino también el apoyo de Provincias Unidas y del peronismo .

Con la diputada libertaria (ex-Pro) Laura Rodríguez Machado al frente de las conversaciones, coordinadas por el presidente de la Cámara, Martín Menem, el oficialismo hizo circular desde temprano el borrador del dictamen al que le fue incorporando numerosos ajustes mientras avanzaba la megasesión de este miércoles.

En un giro inesperado, Machado, junto a su par libertaria Gisela Castelnuovo , activaron el diálogo con representantes de UP, entre ellas, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva , quienes dejaron entrever la intención de una parte de Unión por la Patria de respaldar el dictamen si se tomaban en cuenta una serie de cambios.

La bancada que conduce Germán Martínez quedó ante la disyuntiva de acompañar o no una propuesta que termina por recoger los reclamos del colectivo de discapacidad, quienes esta tarde expresaron su aval a la propuesta oficialista.

Hasta ayer, el sector todavía se inclinaba por la prórroga de la emergencia en discapacidad que apuntalaba el bloque UP, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda.

Los cambios Entre las modificaciones más resonantes el proyecto establece por ley los requisitos, que hasta el momento era dispuestos por el Poder Ejecutivo, para acceder a las pensiones por discapacidad .

Entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica, no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.

El texto también mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y refuerza el respaldo presupuestario.

En caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro.

A su vez, se establece que los recursos por beneficiario no pierdan valor frente a la inflación.

Otro de los puntos centrales es la deuda acumulada con los prestadores .

Para regularizar los pagos, el Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes, que actualmente rondan los $278.323 millones, este último un reclamo expreso de Pro.