Gobierno alista emergencia económica por crisis del campo: busca congelar deudas y ampliar créditos a productores

Los efectos del fenómeno de El Niño llevaron al Gobierno a plantear una nueva emergencia económica para atender las dificultades que enfrenta el sector agropecuario.

El anuncio fue hecho por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante una intervención en la Comisión Quinta del Senado, donde explicó que la medida busca responder a los impactos que las condiciones climáticas están generando sobre los productores.

La propuesta contempla una declaratoria que podría tener alcance nacional y que deberá ser evaluada por el presidente de la República y el Consejo de Ministros.

Por ahora, se trata de una iniciativa anunciada por el Gobierno y no de una emergencia ya decretada.

Posteriormente, en entrevista con La FM , Dangond entregó detalles sobre las medidas que se activarían en caso de aprobarse la declaratoria.

Uno de los principales objetivos sería aliviar temporalmente las obligaciones financieras de los productores afectados y avanzar en un proceso de reperfilamiento de la cartera agropecuaria.

“Se va a llevar a Consejo de Ministros la propuesta para aprobación del señor Presidente”, señaló el ministro.

También explicó que, debido al impacto económico de la situación, “lo más probable es que se apruebe”.

La eventual emergencia permitiría que la Superintendencia Financiera habilite mecanismos para que las entidades bancarias congelen durante tres o cuatro meses el pago de las deudas de los productores afectados.

Durante ese periodo, según explicó Dangond, los agricultores no serían reportados negativamente por el incumplimiento temporal.

El Ministerio de Agricultura trabaja además en el reperfilamiento de las obligaciones financieras de siete sectores agropecuarios.

La propuesta busca ampliar los plazos y reducir el valor de las amortizaciones que deben asumir los productores.

De acuerdo con el ministro, esos sectores generan cerca de US$11.000 millones en exportaciones al año y tienen una cartera cercana a $55 billones.

Parte de esas obligaciones podría trasladarse a plazos de dos años.