El Gobierno eliminó artículos clave de la emergencia en Discapacidad en la ley de presupuesto y tensiona el vínculo con los aliados

La emergencia en discapacidad es uno de los focos de mayor tensión para el Gobierno en el Congreso.

Si bien el oficialismo anunció que trabaja en un proyecto “superador” de la prórroga impulsada por los bloques opositores, que contemple los “innegociables” que exigen los aliados que acompañaron la ley el año pasado, la ley de Presupuesto enviada a Diputados anoche avanza en sentido contrario.

En concreto, propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC.

El Poder Ejecutivo también plantea en el Presupuesto que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales” y habilita a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores en la negociación, sobre la base de un mínimo contemplado.

La jugada del Gobierno generó sorpresa entre los aliados de Pro, la UCR e Innovación Federal y podría tener un costo político alto.

“Cambia completamente la discusión”, resumieron cerca de la bancada de Cristian Ritondo.

Hasta ahora, la oposición dialoguista miraba de reojo las intenciones del oficialismo, que busca hacer propio el proyecto de discapacidad para imprimirle su impronta y matizar cualquier golpe político en el Congreso.

En las conversaciones con LLA, sin embargo, los aliados habían dejado en claro cuáles eran sus principales exigencias: el pago de las compensaciones de emergencia a los prestadores y el compromiso de no modificar la fórmula del nomenclador.

Ninguno de esos dos puntos parece cumplirse en el presupuesto.

La incertidumbre también alcanza al bloque de Provincias Unidas, que conduce Gisella Scaglia.

Desde la bancada alertan sobre los riesgos que podrían producirse si cae la emergencia, vigente hasta el 31 de diciembre.

Una de las principales alertas está puesta en la situación jurídica de las medidas contempladas en la ley 24.901, como la regularización de deudas y las compensaciones a prestadores: no está claro si seguirían vigentes o si requerirían una nueva base normativa.

También preocupa el nomenclador, cuyo aumento podría quedar sujeto a la discrecionalidad del Gobierno al no existir una regla de actualización.

Frente a este escenario, los bloques esperan con cautela la comisión informativa de este mediodía, en la que expondrán representantes de las principales asociaciones y cámaras de prestadores del país.