Radiografía del parate en la obra pública

La relación del Gobierno nacional y los 19 gobernadores aliados o con canal de diálogo está atravesada por la sostenida caída de la obra pública en las provincias, cuyo financiamiento está en manos de la Nación.

Javier Milei necesita apoyo en el Congreso para la reformas que quiere impulsar - especialmente la eliminación o suspensión de la PASO en el plano electoral -, y los mandatarios están preocupados por el impacto en sus gestiones del recorte en el presupuesto vial y de infraestructura en sus distritos, consecuencia del ajuste fiscal impuesto por la LLA.

Según un informe de la consultora Labor, Capital & Growth (LCG) , uno de cuyos principales socios es el economista y hoy diputado radical Martín Lousteau , en los dos primeros años de Milei, entre 2024 y 2025 el gasto de capital bajó a 0,4% del PBI cuando en los último dos años de Alberto Fernández era de 1,6%.

En lo que va de 2026, esta dinámica no cambió, ya que de acuerdo con ese trabajo el gasto de capital siguió bajando y se ubica, a julio de este año, en 0,3%.

Por otra parte, esta firma especializada en macroeconomía y política contabilizó 1.241 proyectos activos en el Presupuesto que, en conjunto, suman $2,6 billones (0,2% del PBI), aunque este monto fue recortado en un 10% a principios de año, ya que el crédito inicial era de $2,9 billones.

En los primeros siete meses de 2026, LCG identificó que el Gobierno devengó pagos sólo para 435 proyectos por $700.000 millones, el 26% del crédito vigente.

Los proyectos con impacto en las provincias son dos de dos tipos: los financiados con las transferencias de capital a las provincias, que son las que deben llevar adelante la ejecución de las obras; y los ejecutados directamente por la Nación.

Ante el freno al financiamiento desde el Tesoro de la obra pública,bajo estas dos modalidades, los mandatarios locales buscaron acordar con la Nación el traspaso de rutas y obras de infraestructura a sus distritos, asumiendo con recursos propios la finalización y mantenimiento de esos proyectos paralizados que estaban bajo responsabilidad nacional.

Maximiliano Pullaro , gobernador de Santa Fe , por ejemplo, acordó en julio asumir durante 20 años, con recursos propios, la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012.

En Chubut , Ignacio Torres logró en septiembre de 2025 un acuerdo que incluyó el traspaso de obras viales inconclusas - entre ellas, la finalización de la autovía de la ruta 3 entre Puerto Madryn y Trelew y trabajos en la ruta 40 - a cambio de una reducción de la deuda de la provincia con la Nación en $101.000 millones y dejar de pagar intereses.

El ahorro generado, que según el gobierno de Chubut, iba a ser de $3.000 millones mensuales, sería destinado a la ejecución y finalización de obras prioritarias.