Corte Constitucional revisará decreto de emergencia por terremoto: Juan Carlos Cortés será ponente

La Corte Constitucional ya tiene magistrado ponente para estudiar el decreto con el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó .

Por sorteo, el expediente quedó en manos del magistrado Juan Carlos Cortés González , quien deberá preparar la ponencia sobre la constitucionalidad de la medida.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio , el decreto fue identificado como el 1261 del 19 de agosto de 2026 y declara la emergencia por grave calamidad pública en parte del territorio nacional.

Con la asignación del ponente, empieza formalmente el estudio en el alto tribunal.

El texto fue remitido a la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera , por el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto González .

A partir de ese envío, el tribunal debe revisar si el Gobierno cumplió los requisitos constitucionales para acudir a facultades extraordinarias frente a la magnitud de la emergencia.

Primer decreto de emergencia del Gobierno De la Espriella Este será el primer decreto del Gobierno de Abelardo de la Espriella que llega a examen constitucional.

La revisión quedará a cargo de Cortés, después de que otros magistrados estudiaran decretos de emergencia expedidos por gobiernos anteriores, como los asignados a Miguel Polo Rosero y Carlos Camargo Assis .

El Decreto 1261 declara el estado de emergencia en 15 departamentos de Colombia por un término de 30 días calendario .

La medida cobija a los municipios que registraron daños por el desastre o aquellos donde se demuestre una afectación concreta y directa derivada del terremoto.

El papel del magistrado ponente será elaborar un proyecto de decisión para que la Sala Plena determine si la declaratoria cumple con las exigencias de la Constitución.

Esto incluye revisar la gravedad de los hechos, la relación entre la emergencia y las medidas anunciadas, y la necesidad de acudir a poderes excepcionales para responder a la calamidad.

La decisión de la Corte será clave porque definirá si el Gobierno puede mantener el marco jurídico especial que busca usar para atender la tragedia.

Ese examen no se limita a verificar la existencia del terremoto, sino a establecer si las herramientas adoptadas se ajustan a los límites constitucionales.