Desalojos, expropiaciones y tierras: los principales puntos de la ley de propiedad privada que se aprobó en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , una iniciativa que introduce cambios en los procedimientos de desalojo , limita las condiciones en las que el Estado puede expropiar bienes y restablece las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, en una concesión del oficialismo a sus aliados para destrabar el tratamiento de la reforma.

El proyecto obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones .

Como la Cámara baja incorporó modificaciones al texto que había aprobado el Senado el 6 de agosto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión.

Entre sus puntos principales, la iniciativa apunta a acelerar los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles urbanos y rurales .

Para ello, establece que las acciones de desalojo tramiten mediante un juicio sumarísimo , un procedimiento más abreviado que el proceso ordinario.

En los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo no inferior a 10 días corridos desde la recepción de la notificación.

La intimación deberá especificar el lugar de pago.

La aprobación de la Ley de Inviolabilidad implicará una aceleración de los procesos judiciales en los desalojos. (Foto: TN) Si el incumplimiento persiste, el locador podrá iniciar la acción de desalojo.

El proyecto contempla un procedimiento de restitución del inmueble en un plazo de 10 días hábiles y habilita a solicitar la desocupación inmediata en los casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria.

Esta última figura permite al solicitante asumir formalmente la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar una medida indebida, sin que deba constituir necesariamente una garantía patrimonial.

La nueva ley habilita el juicio sumarísimo y pone plazos de 10 días para concretar el desalojo. (Foto: Télam) La iniciativa también establece controles judiciales para determinados desalojos.

Cuando se invoquen causas como el cambio de destino, el deterioro del inmueble, la realización de obras nocivas o el uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes.

En caso de que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional, sin que eso implique suspender el proceso judicial.