Corte Suprema absolvió al exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria por el caso de la Troncal de la Paz: concluyó que no tuvo responsabilidad
La Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, tras concluir que no se probó su responsabilidad penal en las obras de la Troncal de la Paz.
La decisión de la Sala Especial de Primera Instancia, emitida el 7 de octubre y divulgada el viernes 9 de octubre de 2026, ordenó archivar el proceso y cancelar las anotaciones judiciales en su contra.
El caso se originó en un contrato de 2005 para mejorar y pavimentar el tramo La Cruzada-Caucasia, en el sector Nuevo Oriente-Escarralao.
La obra buscaba fortalecer la conexión vial entre las subregiones del Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño .
La Gobernación de Antioquia adjudicó el proyecto al Consorcio Troncal de la Paz, integrado por Carlos Alberto Solarte y Luis Héctor Solarte, por un valor inicial de $ 41.663.432.778 y un plazo de 26 meses.
Las modificaciones contractuales elevaron el monto total a $ 61.993.211.478, de acuerdo con el comunicado de la Corte Suprema de Justicia.
Los cambios en el contrato y las acusaciones de la Fiscalía La Fiscalía General de la Nación cuestionó el incremento del anticipo previsto en los pliegos, que pasó del 25% al 29% del valor contractual .
También objetó una adición de 2007 para incorporar nuevos tramos pavimentados y recursos destinados a mayores cantidades de obra.
El proceso incluyó el Otrosí No.
2, mediante el cual se incorporó el diseño y la construcción de un puente sobre el río Nechí, en el sector de Palizadas.
Esa modificación tuvo un costo de $16.334.778.700 y extendió el plazo de ejecución por 22 meses.
La Fiscalía sostuvo que las adiciones y otrosíes reflejaban problemas de planeación.
Además, consideró sospechoso que la última modificación se hubiera firmado cuatro días antes de que Gaviria terminara su primer período como gobernador, entre 2004 y 2007.
El ente acusador también le atribuyó al exmandatario una presunta apropiación de $5.220.291.193 provenientes del anticipo entregado al contratista.
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