La deuda como pregunta política

En entrevistas recientes, con la morosidad de las familias en niveles récord, el presidente Javier Milei volvió a descartar cualquier medida para aliviar a los deudores.

Planteó la cuestión como un simple problema contractual entre partes privadas: si alguien no puede cumplir un compromiso asumido libremente con un banco o una financiera, dijo, no le corresponde al Estado “pasarle la cuenta a todos los demás”.

Preguntó, retóricamente, si a esos deudores “alguien les puso una pistola en la cabeza” para tomar el crédito, y atribuyó buena parte del deterioro a los “ataques del kirchnerismo ”.

Días antes, el propio ministro de Economía, Luis Caputo , había usado casi la misma fórmula -“un acuerdo entre privados”- para explicar por qué el Gobierno no contempla ningún rescate a las familias endeudadas.

La secuencia de datos que motivó esas declaraciones es contundente.

Según el Banco Central , la mora del sector privado no financiero alcanzó en mayo de 2026 su nivel más alto en veinticuatro años, tras diecinueve meses consecutivos de aumento; recién en junio se registró una leve baja, del 7,7% al 7,6%, con la mora de las familias cediendo apenas de 12,8% a 12,7%.

Frente a esos números, la respuesta oficial no fue de política pública sino de filosofía moral: la deuda, para el Gobierno, es un asunto que se dirime entre dos privados y en el que el Estado no tiene por qué intervenir.

Cada vez más las deudas de los hogares enlazan la política y la sociedad y se han convertido en una de las arenas donde se juzga el apoyo de los gobiernos Sin embargo, esta respuesta -y el fastidio que generó- no es un exabrupto aislado.

Es la expresión más nítida de una inflexión profunda de las democracias contemporáneas : cada vez más las deudas de los hogares enlazan la política y la sociedad, y, por lo tanto, se han convertido con el tiempo en una de las arenas centrales donde se juzga el apoyo de los gobiernos.

La filosofía moral de Milei (“acuerdo entre privados”) choca con esta realidad sociológica de la deuda.

La deuda de las familias no se limita a organizar el consumo o el presupuesto doméstico: también organiza la percepción y el juicio políticos.

La capacidad -o la incapacidad- de honrar los pagos se vuelve una prueba cotidiana de la credibilidad del Estado, de la competencia del gobierno y del valor de las promesas colectivas.

En ese sentido, las familias endeudadas no reproducen simplemente lógicas financieras: interpretan y evalúan el desempeño político de los gobiernos democráticos a través de sus obligaciones financieras.