El juez del caso Leire rechaza limitar las cuentas bancarias que analizará la UCO
Madrid, 17 sep (EFE).- El juez que investiga el caso Leire ha rechazado limitar el análisis de cuentas bancarias a aquellas desde las que se efectuaron pagos a la exmilitante socialista Leire Díez, como había pedido el exvipresidente de Andalucía Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, todos investigados.
Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha descartado limitar las cuentas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil deberá analizar para determinar si el PSOE pagó a la exmilitante Leire Díez a través de los abogados investigados y de Zarrías para sufragar presuntas maniobras para boicotear causas judiciales.
El exvicepresidente andaluz ha impugnado la decisión adoptada por Pedraz mediante un recurso de apelación, al que ha tenido acceso EFE, en el que pide a la Sala de lo Penal que el análisis de los movimientos bancarios se limite a la cuenta desde la que abonó 16.000 euros a la exmilitante socialista en 2024.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, Pedraz ha rechazado tres recursos contra el requerimiento para rastrear hasta 81 cuentas bancarias pertenecientes al PSOE, Zarrías y su sociedad Zaño Consultores, el abogado Ismael Oliver o el letrado Jacobo Teijelo.
Explica Pedraz que la UCO pidió analizar más cuentas porque no podía descartarse que "los importes hubieran sido transferidos entre distintas cuentas titularidad de una misma persona física o jurídica".
Según el juez, la presunta organización operaba desde 2021 y después amplió su radio de "ilícita actuación" más allá de la contratación pública hacia delitos relacionados con la corrupción y contra la administración de Justicia o las instituciones del Estado "para la protección y como paraguas frente a las investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno, al PSOE y, por ende, a ellos mismos".
La actividad se habría financiado, según la investigación, con recursos del PSOE que el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, habría puesto a disposición de la organización mediante un "imbricado sistema de soporte económico", que habría empleado "sociedades interpuestas con la presunta colaboración de abogados", con el ocultamiento de pagos a Leire Díez.
Por eso, el juez considera necesario e "indispensable" rastrear las cuentas para determinar los responsables y financiadores de la actividad de la exmilitante.
Además, recuerda que se ha formado una pieza separada económica para impedir que los datos se vuelquen en bruto en la causa y solo estén a disposición de las partes tras su análisis y expurgo.
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