Congresistas preocupados por recorte presupuestal a la JEP piden ayuda internacional: “Afectaría notablemente audiencias e investigaciones”

Un grupo de congresistas, liderado por el senador Antonio José Correa, del Partido de la U, busca alertar a la comunidad internacional sobre un posible recorte de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que reduciría su presupuesto para 2027 en $170.000 millones.

Las cartas advierten que la medida podría paralizar procesos judiciales, impedir la ejecución efectiva de sanciones y dejar a las víctimas sin respuestas oportunas .

También podría aumentar la incertidumbre jurídica de quienes comparecen ante la jurisdicción, incluidos antiguos integrantes de las Farc y miembros de la fuerza pública.

La preocupación fue planteada en comunicaciones dirigidas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Congreso de Estados Unidos.

Según los documentos, la propuesta representaría una disminución aproximada del 80,4% frente al proyecto de presupuesto presentado inicialmente por el Gobierno nacional , que sería discutido y aprobado la próxima semana.

Los pedidos a organismos internacionales y al Congreso de Estados Unidos Ante la Fiscalía de la CPI, los congresistas solicitaron un seguimiento urgente al Acuerdo de Cooperación suscrito en 2021 entre el Estado colombiano y esa Fiscalía, durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque.

“Esta comunicación reitera la alerta remitida por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, mediante el oficio Prs-239-2026 del 18 de septiembre, cuando se examinaba una propuesta inicial de $100.000 millones .

El 23 de septiembre, mediante el oficio Prs-249 de 2026 a la CIDH, la Presidencia de la Jurisdicción advirtió sobre el escenario ampliado y sus efectos operativos”, decía la carta para la corte.

La comunicación a la CIDH alerta sobre posibles afectaciones a las audiencias territoriales, la representación judicial, el acompañamiento psicosocial y las medidas de protección para las víctimas del conflicto armado .

Los firmantes pidieron mantener el seguimiento anunciado por la Comisión y exigir al Estado un plan con medidas, recursos, responsables y plazos.

En la carta al Congreso de Estados Unidos, los legisladores solicitaron abrir un espacio de diálogo y acompañamiento, pedir información al Departamento de Estado sobre las consecuencias para la cooperación en justicia y derechos humanos y expresar a las autoridades colombianas la necesidad de garantizar recursos suficientes para cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz.

“La Jurisdicción reporta avances y resultados documentados, los cuales requieren continuidad de los procesos y recursos para verificar el cumplimiento de las sanciones y las medidas restaurativas”, mencionó el documento.