Seguimiento a la filtración del SIDAC que dejó expuestos a quienes acudieron al gobierno en busca de ayuda

El 28 de julio salió a la luz un incidente que colocó bajo escrutinio la capacidad del Gobierno de México para proteger uno de los activos más delicados de cualquier administración pública : la información entregada por ciudadanos que recurren al Estado para denunciar delitos, corrupción, abusos de autoridad y otras situaciones que ponen en riesgo su integridad o la de sus comunidades.

Un ciberatacante publicó lo que presuntamente sería una base de datos del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIDAC) de la Presidencia de la República , plataforma oficial destinada a recibir, registrar y canalizar solicitudes, denuncias, quejas y propuestas hacia distintas dependencias federales.

De acuerdo con la información difundida por el propio atacante, el conjunto contendría más de 400 mil registros y datos particularmente sensibles.

El problema no se limita al volumen de información presuntamente expuesta.

La gravedad radica en su naturaleza.

Entre los reportes habría denuncias relacionadas con homicidios, narcotráfico, extorsión, corrupción, abuso de autoridad y otros delitos, además de datos de ciudadanos que acudieron a las instituciones para solicitar ayuda, protección o la intervención de las autoridades.

La información también permitiría identificar a qué dependencia fue canalizado cada asunto.

Esto podría revelar no solo la identidad o ubicación de denunciantes y víctimas, sino también detalles sobre la manera en que el aparato gubernamental recibió y procesó determinados casos.

Según los datos difundidos, entre las instituciones con más registros presuntamente comprometidos se encuentran la Secretaría de Gobernación, con 55 mil 446; la Secretaría de Bienestar, con 24 mil 341; la Secretaría de Educación Pública, con 23 mil 686; el Gobierno de la Ciudad de México, con 19 mil 789; la Comisión Nacional de Vivienda, con 17 mil 562, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 14 mil 386.

A ellas se sumarían numerosas dependencias y organismos, entre ellos las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Anticorrupción y Buen Gobierno; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Seguridad y Protección Ciudadana; Trabajo y Previsión Social; Salud; Hacienda y Crédito Público, y Agricultura y Desarrollo Rural.

También figurarían el ISSSTE, Pemex, la CFE, el Infonavit, la Procuraduría Agraria, la Conagua y más de medio centenar de instituciones públicas.

La dimensión del incidente obliga a dejar de verlo como una simple filtración de información administrativa.

Si el contenido difundido corresponde efectivamente a registros del SIDAC y el volumen señalado es correcto, estaríamos ante una posible exposición masiva de datos que los ciudadanos entregaron al Estado bajo la expectativa razonable de que serían protegidos.