De La Espriella objeta una ley sobre cargos directivos por "razones de constitucionalidad"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha objetado por motivos de constitucionalidad e inconveniencia el Proyecto de Ley 056 de 2024 de la Cámara y 345 de 2024 del Senado, una iniciativa que establece restricciones a la modificación de los requisitos para acceder a puestos directivos en el sector público y en empresas nacionales con participación estatal.

El secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, ha explicado que el Ejecutivo considera que la propuesta legislativa invade atribuciones propias del Gobierno y podría añadir nuevas cargas administrativas al proceso de selección y nombramiento de altos cargos.

"Me permito informar al país que el señor presidente de la República ha objetado el proyecto de ley 056 de 2024 Cámara, 345 de 2024 Senado", ha señalado Barreto, quien ha precisado que la iniciativa pretendía "prohibir la disminución de los requisitos mínimos para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público y empresas con participación estatal del orden nacional".

Según la Presidencia, uno de los problemas constitucionales de la iniciativa reside en que convertiría en obligatorias determinadas competencias consultivas del Consejo de Estado y limitaría facultades que corresponden al Ejecutivo en materia de organización de los empleos públicos.

"La objeción presidencial se hace con base en razones de constitucionalidad, tanto de fondo como de inconveniencia", ha afirmado el secretario jurídico, advirtiendo de que el proyecto "irrumpe facultades exclusivas del Gobierno Nacional, como la de prohibirle al Gobierno la facultad de organizar los empleos públicos".

Presidencia ha sostenido además que la legislación actualmente vigente ya establece uno de los requisitos mínimos para estos puestos.

En concreto, Barreto ha citado el el Decreto Ley 770 de 2005, por lo que considera que la nueva regulación supondría una duplicidad normativa.

"Considera el Gobierno, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, que ya existe una norma vigente, el Decreto Ley 770 de 2005, que fija pisos mínimos obligatorios para estos cargos, por lo que la nueva ley resulta innecesaria e inconveniente", ha indicado.

EL EJECUTIVO ALERTA DE MÁS BUROCRACIA Desde Presidencia han cuestionado también que el proyecto establezca varios pasos adicionales antes de efectuar determinados nombramientos.

A juicio del Gobierno, estos procedimientos podrían ralentizar la incorporación de personal directivo en áreas consideradas estratégicas para la transformación de la Administración.

"Adicionalmente, el proyecto exige tres trámites previos, estudios internos del Departamento Administrativo de Función Pública y concepto del Honorable Consejo de Estado para poder proveer el nombramiento en el servicio público", ha explicado Barreto.