Nicaragua mantiene sus compromisos internacionales pese a la enmienda que busca limitar leyes extranjeras

Aunque la reforma constitucional que busca “prohibir” la aplicación de leyes extranjeras en Nicaragua ya fue aprobada, el país no queda exento de cumplir con los compromisos internacionales que asumió en el pasado.

Los tratados de derechos humanos , medioambiente , comercio y trabajo continúan vigentes, sin que la enmienda logre anularlos ni modificar sus efectos prácticos.

Especialistas en Derecho sostienen que la pertenencia a estos tratados depende de los procedimientos previstos en cada uno para su denuncia, no de lo que establezca la Constitución .

Uriel Pineda explicó que la obligación internacional persiste desde el momento en que el Estado suscribió los acuerdos, y que la salida solo es posible siguiendo las reglas de cada instrumento.

Según el análisis de expertos citados por Confidencial, la reforma promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no modifica las obligaciones internacionales ya asumidas por Nicaragua .

Los compromisos derivados de tratados y convenciones continúan vigentes, incluso en aquellos ámbitos donde el Estado busca restringir el alcance de resoluciones internacionales.

Los tratados internacionales mantienen su fuerza jurídica En materia de derechos humanos , Nicaragua mantiene obligaciones ante los principales instrumentos internacionales suscritos en el marco de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano .

Aunque en los últimos años el país se retiró de la Organización de Estados Americanos y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU , estos retiros no extinguen automáticamente las obligaciones jurídicas existentes.

La publicación señala que la denuncia de la Carta de la OEA , realizada en 2021, dejó a Nicaragua fuera del organismo en 2023.

Sin embargo, el país sigue vinculado a otros tratados interamericanos que no han sido denunciados formalmente.

El abogado Gonzalo Carrión destacó que Nicaragua “mantiene sus obligaciones en materia de derechos humanos” y que “no ha iniciado ningún proceso de denuncia de la Convención Americana ”, por lo que esas obligaciones permanecen y aún está sujeta a fiscalización internacional .

Por su parte, Uriel Pineda indicó que la posición oficial ha sido “no colaborar” con instancias internacionales, aunque “sus obligaciones internacionales permanecen”.

Según detalló Confidencial.digital, Carrión afirmó que el Estado no respeta todos los instrumentos que ha firmado y los utiliza “a su conveniencia”, desacreditando resoluciones e informes del Grupo de Expertos de la ONU , pero manteniendo reclamos sobre sentencias que le son favorables.

Pineda evaluó que la reforma constitucional busca contener en el plano interno los efectos políticos de resoluciones internacionales, aunque carece de un efecto útil sobre la vigencia de los tratados.