El juicio del accidente de autobús de Cádiz en 2023 con cuatro fallecidos arranca el 22 de septiembre

La Sección primera de la Audiencia Provincia de Cádiz juzgará desde el próximo 22 de septiembre de 2026 la causa abierta por el accidente mortal ocurrido el 9 de octubre de 2023 en la capital gaditana, cuando un autobús arrolló a varias personas a la entrada de Cádiz por la avenida de acceso al puente de La Constitución de 1812, invadiendo la acera, y que provocó cuatro fallecidos y varios heridos.

De esta manera, el juicio contra el empresario de transporte y el chófer que manejaba el autobús accidentado se iniciará el mes que viene, como ha adelantado La Voz de Cádiz y han confirmado fuentes de la Fiscalía a Europa Press, que han señalado que habrá una segunda sesión el 23 de septiembre.

La Fiscalía pide cinco años de prisión para el empresario y otros cinco para el conductor de vehículo en concepto de autores de cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, además de indemnizaciones para los perjudicados que se elevan a más de 500.000 euros.

En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press en mayo de 2025, la Fiscalía señalaba que "el autobús venía arrastrando anomalías en el sistema de frenado desde el año 2021, que el acusado --empresario-- hacía reparar para obtener un informe favorable al pasar la inspección técnica de vehículos".

Además, añadía que "el acusado, con el paso del tiempo, no se preocupó de que el autobús estuviera en condiciones adecuadas para circular con seguridad y el mantenimiento de las piezas del sistema de frenado era deficiente".

Así, se apuntaba que "en el periodo entre el día 10 de abril de 2023, fecha límite para pasar otra inspección técnica, y el 18 de agosto siguiente, "el acusado no presentó el autobús en la correspondiente estación ITV y, no obstante, realizó 129 servicios".

Posteriormente, "el 18 de agosto de 2023, en la estación ITV de Jerez de la Frontera, pasó otra inspección técnica con resultado favorable, si bien se le detectó desequilibrio en las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje superior al 20% e inferior al 30%, lo que se consideró deficiencia leve, que conlleva la obligación de repararla en un plazo de dos meses sin necesidad de pasar una nueva inspección".

La Fiscalía afirmaba en su escrito que "con posterioridad a haber pasado la inspección técnica, sin corregir aquella deficiencia leve, conocedor de que el sistema de frenado seguía presentando anomalías y con el fin de que el autobús siguiera prestando servicios, el acusado por sí mismo, o a través de otra persona a su servicio, dispuso que se realizara una manipulación, voluntaria y deliberada, al sistema de frenado del eje trasero".