Córdoba: crece la presión política para que un legislador vinculado a una supuesta red de explotación sexual infantil deje su banca

El escándalo político en Córdoba por la a investigación de una red de explotación sexual infantil contra niñas de 13 y 14 años en Villa María de Río Seco alcanzó esta semana al corazón del oficialismo provincial: la senadora Alejandra Vigo pidió públicamente que el legislador Ernesto Ramón Flores renuncie a su banca en la Unicameral.

La causa, que investiga una red de grooming , abuso sexual con acceso carnal y prostitución infantil contra al menos cuatro menores de edad de esa localidad del norte cordobés, estalló a principios de agosto cuando se detectó que el asesor legislativo José Aníbal Ricardo Villarreal —contratado en la nómina vinculada a Flores— era uno de los imputados.

Desde entonces, la investigación no hizo más que escalar: hasta el momento, la fiscal Analía Cepede confirmó 14 detenidos —con uno aún prófugo— y no descartó nuevas detenciones ni víctimas.

Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti y figura de peso en el PJ provincial, fue contundente en declaraciones a Cadena 3 : “Hoy el legislador, por lo pronto, tendría que renunciar porque le toca directamente a él, porque ha sido parte de su staff” .

La senadora aclaró que habló a título personal.

Además, reclamó revisar los mecanismos de contratación de asesores en el Poder Legislativo.

“Es la política la que tiene que dar ese paso”, sostuvo, y planteó la necesidad de revisar “cuáles son los requisitos para que uno pueda incorporar un asesor”.

Para la dirigente, el debate adquiere especial relevancia porque la Legislatura constituye la “caja de resonancia de la política” y tiene entre sus funciones la elaboración de leyes.

La postura de Vigo no es la única voz crítica dentro del oficialismo.

El miércoles, la Unicameral aprobó por 34 votos contra 31 la licencia de seis meses sin goce de sueldo pedida por Flores, con el apoyo de la aliada Karina Bruno .

Pero esa resolución dejó un sabor amargo en sectores del propio peronismo.

En el entorno del gobernador Martín Llaryora conviven quienes consideran que el asunto es estrictamente judicial y quienes entienden que Flores debería renunciar por la condena social, aunque no tenga causa penal abierta.

Versiones internas, recogidas por La Voz del Interior , sugieren que el legislador podría presentar su renuncia en los próximos días.

El propio bloque oficialista acompañó el pedido de licencia, pero rechazó la exclusión.