Gobierno de Abelardo de la Espriella propone que consulta previa y licencia ambiental avancen en paralelo

El Gobierno de Abelardo de la Espriella propuso que la consulta previa y la licencia ambiental puedan avanzar de manera paralela y autónoma, con el propósito de evitar que uno de estos procedimientos condicione el inicio, la evaluación o la decisión del otro.

La propuesta fue presentada por Miller Soto, vocero oficial del Gobierno, en un pronunciamiento divulgado a través de los medios oficiales de la Presidencia, en el que explicó el alcance que tendría el cambio planteado para los trámites relacionados con proyectos de infraestructura, energía, hidrocarburos y otras obras.

“ La consulta previa no se acaba, se transforma para hacerla más clara, más eficiente y más garantista ”, afirmó Soto al explicar la iniciativa. ¿Qué propone el Gobierno sobre la consulta previa y la licencia ambiental? Durante su intervención, el vocero explicó que la licencia ambiental y la consulta previa son procedimientos diferentes, adelantados por autoridades distintas y con objetivos específicos.

Según Soto, la licencia ambiental permite que la autoridad competente estudie si un proyecto puede afectar elementos como ríos, bosques, fauna, suelo, aire o ecosistemas , y determine si puede desarrollarse y bajo qué condiciones.

La consulta previa, por su parte, fue definida por el funcionario como un derecho de las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y ROM cuando un proyecto pueda generar una afectación directa sobre ellas.

El Gobierno sostiene que, aunque se trata de procedimientos independientes, en la práctica pueden terminar dependiendo uno del otro, generando retrasos en determinados proyectos.

Frente a esa situación, Soto explicó que la propuesta consiste en que ambos procedimientos puedan desarrollarse simultáneamente.

“ La propuesta es que la licencia ambiental y la consulta previa puedan avanzar de manera paralela y autónoma ”, señaló el vocero.

De acuerdo con la explicación entregada, mientras la autoridad ambiental adelanta el estudio correspondiente, la autoridad de consulta previa podría determinar si existe una afectación directa sobre una comunidad y, cuando corresponda, desarrollar el procedimiento respectivo.

Las obras no podrían ejecutarse sin cumplir las garantías de consulta Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la aclaración sobre los efectos que tendría una licencia ambiental frente a una eventual consulta previa.

Soto afirmó que el otorgamiento de una licencia ambiental no significaría que las obras puedan ejecutarse automáticamente en un territorio donde exista una afectación directa a una comunidad.

“ Una licencia ambiental no será un permiso para atropellar a las comunidades ”, sostuvo el funcionario.