En Panamá se preparan para habilitar el Registro Oficial de Ofensores Sexuales

La consulta pública del Registro Oficial de Ofensores Sexuales en Panamá dependerá de la firma de un convenio jurídico que todavía está pendiente.

La plataforma Panamá Conecta albergará esta herramienta, una vez que se complete ese requisito administrativo, indicaron las autoridades.

El administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental , Adolfo Fábrega, informó que el desarrollo tecnológico ya concluyó, y que la previsión es que el sistema pueda estar disponible durante las próximas semanas.

Se permitirá que la ciudadanía acceda a información sobre las personas incorporadas a esa base de datos, aunque antes las instituciones deberán formalizar el acuerdo que habilite la divulgación de los registros.

La primera etapa consiste en ordenar y consolidar los datos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), y tras ese proceso se activará el listado destinado a las consultas ciudadanas dentro de la plataforma digital.

“El primer entregable que tenemos es un registro, de manera que exista una base de datos debidamente organizada de la DIJ con los ofensores sexuales, y posteriormente el listado, de manera que un ciudadano pueda consultar”, explicó Fábrega.

El sistema fue concebido con dos componentes, el primero reúne y estructura la información institucional, mientras que el segundo abre un mecanismo para que los ciudadanos puedan verificar los datos disponibles.

La habilitación del Registro Oficial de Ofensores Sexuales busca incorporar una herramienta de identificación y seguimiento de personas condenadas por delitos sexuales .

Su apertura forma parte de una política orientada a la prevención y a la protección de las comunidades.

La Ley 244 de 2021 instauró inicialmente el registro como una base de datos de uso restringido para operadores de justicia y para la emisión de certificados de no agresor sexual, pero la reforma introducida por la Ley 501 de noviembre de 2025 abrió la puerta a que esta información se convierta en accesible para la ciudadanía, con el objetivo declarado de “blindar” a las comunidades frente a agresores sexuales ya condenados.

Paralelamente, las estadísticas oficiales muestran un aumento sostenido y preocupante de las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, que pasan de un promedio anual de más de 7.000 casos entre 2019 y 2023 a casi 4.000 denuncias a julio de 2026 , con incrementos particularmente marcados en conductas que afectan a menores de edad, como el acceso sexual con adolescentes y la pornografía infantil.

La información más detallada disponible para 2026 , a partir de varios informes estadísticos del Ministerio Público, permite precisar la evolución reciente del fenómeno y detectar variaciones por tipo de delito.