SpainDC cifra en 9.000 millones las inversiones en riesgo por la normativa del Gobierno para centros de datos

SpainDC, la asociación española de data centers, ha alertado de que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones para centros de datos en España, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos para estas infraestructuras los frenarán si sale adelante el real decreto del Gobierno.

El Ejecutivo español exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético, según el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers'.

En este contexto, la asociación presentó ayer sus alegaciones a este proyecto de real decreto, desarrollado por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública.

El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, ha instado este viernes al Gobierno a sentarse a dialogar sobre esta cuestión, puesto que el sector desconocía los planes del Ejecutivo y el real decreto incluía "cosas que eran muy graves" para la industria.

Desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones", ha lamentado, al tiempo que ha avanzado que todavía no hay un encuentro agendado.

Díaz ha añadido que los proyectos de los tres inversores que han amenazado con marcharse si se aprueba el decreto representan el 15% de los 66.900 millones de euros en inversiones previstos para España hasta 2030.

Por su parte, la directora ejecutiva de la asociación, Begoña Villacís, ha afirmado: "Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa".

Asimismo, Villacís ha lamentado que España sea el mercado "menos atractivo" de Europa desde que se dio a conocer la nueva normativa en la que trabaja el Gobierno, apuntando que los afectos han sido "devastadores".

"La sensación de inseguridad jurídica que estamos provocando es inadmisible", ha indicado.

La directora general de SpainDC ha explicado que las alegaciones presentadas "se nutren" de todo el sector, formado por más de 300 socios.

"Este real decreto ha conseguido la completa unanimidad en contra de su aplicación", ha criticado Villacís.