Gobierno de Abelardo de la Espriella aumentó el monto de lo que le quiere recortar a la JEP: serían $170.000 millones en el 2027
El Gobierno de Abelardo de la Espriella propuso recortar $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz en el Presupuesto General de la Nación de 2027, una reducción que busca ajustar el gasto ante las restricciones fiscales y redistribuir recursos hacia la Rama Judicial, el deporte y otros sectores.
La ponencia para el primer debate fija un presupuesto total de $634,9 billones y fue construida el martes tras reuniones entre el Ejecutivo y varias bancadas del Congreso.
El documento supera las 300 páginas y será discutido por las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes.
La disminución prevista para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se divide entre $30.000 millones menos para gastos de funcionamiento y $140.000 millones menos en inversión .
La propuesta supera en $70.000 millones el ajuste inicial de $100.000 millones que habían planteado el partido Salvación Nacional y el Gobierno.
La ponencia sostiene que se mantendrán los fondos necesarios para la operación y las funciones de la JEP, creada como parte del acuerdo de paz.
El texto justifica la medida como una racionalización del gasto frente a las limitaciones fiscales de la vigencia.
“La medida responde a un ejercicio de racionalización y priorización del gasto, orientado a adecuar la programación presupuestal a las restricciones fiscales de la vigencia.
En todo caso, se preservan los recursos requeridos para garantizar la operación y el cumplimiento de las funciones misionales de la JEP ”, señala el pliego de modificaciones.
El presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, había calificado una transferencia de recursos desde la entidad como una “asfixia económica” .
También se habían radicado dos iniciativas de partidos de Gobierno que, según el planteamiento expuesto, revelarían una estrategia para impedir el funcionamiento de la jurisdicción.
El mayor impacto del recorte recaería sobre los rubros de inversión, con $140.000 millones menos.
En departamentos afectados por el conflicto, como Antioquia, organizaciones de víctimas han expresado inquietud por el ritmo de las medidas de reparación y de las labores de búsqueda e investigación.
La asignación a la justicia ordinaria aumentaría en $100.000 millones para cubrir faltantes de personal derivados del ajuste de la bonificación judicial establecido en la Ley 2594 de 2026.
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