Cristina Kirchner candidata: secretos de una estrategia improbable y los caminos que se bifurcan en la ONU, la Corte y el peronismo
Cristina Kirchner tiene una condena firme a seis años de prisión, una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y su nombre fue excluido del padrón electoral.
Aun así, el kirchnerismo y su defensa trabajan sobre una estrategia diplomática, política y judicial que mantiene abierta la hipótesis de una candidatura presidencial en 2027 .
El plan reúne tres frentes: una presentación ante Naciones Unidas, la posición de la Corte Suprema y el diseño electoral del peronismo.
La defensa busca una medida provisional del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que suspenda los efectos de la inhabilitación.
En el máximo tribunal, en cambio, entienden que ningún pronunciamiento internacional podría modificar la sentencia firme.
En paralelo, el kirchnerismo analiza cómo sostener la centralidad de la exmandataria en la discusión electoral, incluso si otra figura termina al frente de la fórmula.
La situación judicial de Cristina Kirchner incluye otros expedientes.
Cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado a raíz del direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
Además, afronta el juicio oral de la causa Cuadernos, donde está acusada de encabezar una asociación ilícita vinculada con la recaudación ilegal de dinero de empresarios.
A ese cuadro se sumarán los procesos por Los Sauces y Hotesur, en los que también está acusado su hijo, Máximo Kirchner .
El primero tiene previsto comenzar el 23 de octubre y el segundo, el 19 de marzo de 2027, aunque persiste una controversia judicial sobre la eventual reunificación de ambos debates.
El Comité de Derechos Humanos analizará el planteo de la defensa en Ginebra El primer frente de la estrategia está en Ginebra .
El lunes 19 de octubre comenzará el 146° período de sesiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas , que se extenderá hasta el 6 de noviembre.
El organismo, integrado por 18 expertos independientes elegidos por los Estados parte, supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y puede examinar denuncias individuales por presuntas vulneraciones de los derechos previstos en ese instrumento.
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