Fue a renovar su licencia y terminó detenida: oposición de Nicaragua denuncia el arresto de Thelma Montenegro
La Gran Confederación Opositora Nicaragüense denunció la detención de Thelma Montenegro por parte de la Policía sandinista en el municipio de Pantasma, Jinotega , en el norte de Nicaragua .
La organización opositora calificó el hecho como un nuevo acto de persecución política contra la familia Montenegro , reconocida en la región por haber sido objeto de hostigamiento y violencia asociada al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo .
Según la denuncia pública, Thelma Montenegro fue arrestada cuando se presentó en la delegación policial local para renovar su licencia de conducir.
Desde el momento de la detención, sus familiares no han recibido información oficial sobre los motivos del arresto ni sobre su estado de salud, lo que ha generado profunda preocupación.
La Gran Confederación Opositora Nicaragüense exigió la libertad inmediata de Montenegro y responsabilizó al régimen por su integridad física y psicológica.
La familia Montenegro enfrenta una historia marcada por la violencia y la represión.
Reportes de allegados y publicaciones en redes sociales del periodista nicaragüense Miguel Mendoza documentan que varios integrantes del núcleo familiar han sido víctimas directas.
Entre ellos, los hermanos de Thelma, Edgar Montenegro y Oliver José Montenegro , su sobrino Yalmar Montenegro y su esposo Francisco Blandón , quienes fueron asesinados en circunstancias que la familia vincula con actores afines a la dictadura.
Otros miembros permanecen en el exilio, mientras los padres de Thelma viven bajo temor constante.
La detención de Montenegro ocurre en un contexto de represión sostenida que afecta a opositores y críticos del régimen sandinista.
Organizaciones internacionales han documentado un aumento en las detenciones arbitrarias en Nicaragua .
De acuerdo con la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ) , al 31 de julio de 2026, al menos 60 opositores permanecen encarcelados , incluidos 23 en condición de desaparición forzada .
La cifra representa un incremento frente a meses anteriores, reflejando la intensificación del control estatal sobre la disidencia.
Estos datos cuentan con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , que también ha denunciado la falta de garantías judiciales y la ausencia de información transparente sobre los detenidos.
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