Organizaciones piden a la ONU definir un mecanismo urgente contra las desapariciones forzadas en México

Organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como personas expertas y académicas, enviaron una propuesta a la Asamblea General de la ONU para que se acuerde un procedimiento que le dé seguimiento a la solicitud del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) , conforme al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas .

La propuesta buscó que, en la Tercera Comisión, se definiera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y para proporcionar asistencia y protección a las familias que buscaron a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyaron.

El documento se fechó en México el 30 de agosto de 2026 y se presentó como un insumo para el diálogo bilateral con el gobierno mexican o y para la discusión en la Tercera Comisión de la Asamblea General, en el marco del procedimiento iniciado por el CED.

El caso se enlistó en el punto 71 (Promoción y Protección de los Derechos Humanos) y se previó que se analizara en octubre-noviembre de 2026.

El 12 de mayo de 2026, el secretario general de la ONU, António Guterres, envió una nota (A/80/737) a los Estados miembros para informar la decisión del CED sobre la activación del artículo 34 (CED/C/MEX/A.34/D/1).

En esa decisión, el Comité concluyó que existían indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas “se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante varios ‘ataques’ generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil”.

En los antecedentes, las organizaciones afirmaron que en México hubo más de 135 mil personas desaparecidas y más de 72 mil restos humanos pendientes de identificación forense.

También sostuvieron que existió una deuda del Estado en materia de verdad, justicia y reparación con las familias de las víctimas y con la sociedad mexicana.

El documento sostuvo que las políticas de prevención habían sido insuficientes e ineficaces y que las desapariciones habían ido en aumento en 28 de las 32 entidades federativas.

Señalaron que las desapariciones se cometieron por particulares o grupos criminales, por autoridades estatales, y por grupos criminales con apoyo, tolerancia o aquiescencia del Estado.

Las organizaciones reportaron 99% de impunidad en los casos de desaparición y afirmaron que no existieron mecanismos efectivos para investigarlos.

Añadieron que las fiscalías carecieron de autonomía efectiva y que no se investigó la posible participación o colusión de servidores públicos con los perpetradores.