Los rohinyás cumplen nueve años huyendo y reclamando un camino de vuelta a Birmania
Daca/Nueva Delhi, 25 ago (EFE).- Tras huir del fuego militar birmano en 2017 y pasar casi una década hacinadas bajo techos precarios en Bangladés, miles de familias rohinyás salieron este martes a recordar a sus muertos y exigir justicia, mientras más de 1,2 millones continúan refugiados sin ciudadanía reconocida y sin una vía efectiva de regreso.
La principal concentración tuvo lugar en el Campamento 4 de Cox's Bazar, parte del mayor asentamiento de refugiados del mundo, donde rohinyás llegados desde distintos campos marcharon en recuerdo de la ofensiva militar que en agosto de 2017 empujó a más de 700.000 miembros de esta minoría musulmana a cruzar la frontera.
“Queremos justicia por lo que Myanmar nos ha hecho.
Queremos volver a nuestro hogar”, dijo a EFE Soyodullah, presidente del Consejo Unido de los Rohinyás, que también relata cómo muchos rompieron a llorar al recordar a familiares muertos durante aquella ofensiva.
Acompañado por su familia, Kala Chan, un anciano líder del Campamento 5, insistió en el deber de memoria de la comunidad.
“Nos unimos para recordar a nuestros hermanos y hermanas asesinados por Myanmar.
Queremos justicia”, afirmó.
La conmemoración estuvo marcada también por una nueva disputa sobre la identidad y el derecho de retorno de los refugiados.
Las autoridades birmanas volvieron a referirse este mes a los rohinyás como “bengalíes”, un término utilizado durante décadas para presentarlos como inmigrantes procedentes de Bangladés.
“Myanmar afirma que somos bengalíes, pero eso no es cierto.
Somos rohinyás”, afirmó Shafi Ullah, dirigente del Campamento 9 de Balukhali.
En el mismo comunicado, Birmania informó de que Bangladés había remitido una lista de 828.824 desplazados y que 308.797 habían sido verificados como antiguos residentes del estado occidental de Rakáin.
Otros 113.507 nombres no pudieron ser confirmados y 4.241 personas fueron señaladas por supuestos vínculos terroristas.
Los portavoces comunitarios acusan a la junta de manipular este censo para reducir al mínimo el número de personas con derecho a regresar sin concederles plenos derechos civiles.
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