Fiscalía pide 5 años de prisión contra María Vidal La Rosa Sánchez, la jueza vinculada a Andrés Hurtado

La Fiscalía pidió 5 años y 4 meses de prisión contra la jueza superior María Vidal La Rosa Sánchez , la expresidenta de la Corte de Lima vinculada al conductor de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’ , por la presunta comisión del delito de nombramiento ilegal del cargo.

Desde 2024, Vidal se encuentra en la mira del Ministerio Público luego de que Hurtado reveló su cercanía .

Por ejemplo, la expresidenta de la Corte de Lima viene siendo investigada por el cambio de las juezas que llevaban los procesos que el exfutbolista Jefferson Farfán inició contra la conductora Magaly Medina .

La conocida carpeta fiscal 364-2024.

Sin embargo, esta investigación, en el que la Fiscalía ya presentó acusación, no está relacionada a Chibolín , aunque sí implica una designación cuestionada.

Se trata de la designación de la asistente judicial Cinthia Erika Paucar Boza como jueza supernumeraria, pese a que no reunía los requisitos legales exigidos para ejercer el cargo, según el requerimiento acusatorio presentado por el fiscal supremo Juan Carlos Villena , al que accedió Infobae .

La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta suprema Secilia Hinojosa Cuba .

Según el documento, Vidal La Rosa Sánchez , en su condición de presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima durante el periodo 2023-2024, designó en dos oportunidades a Paucar Boza como jueza supernumeraria.

La primera fue mediante la resolución administrativa 168-2023-P-CSJLI-P, del 29 de marzo de 2023, para el Vigésimo Sexto Juzgado de Trabajo Transitorio de Lima.

Esa designación concluyó el 15 de enero de 2024 por baja productividad.

Pese a ello, apenas un mes después, la volvió a nombrar.

Esta vez, mediante la resolución administrativa 171-2024-P-CSJLI, del 29 de febrero de 2024, la designó como jueza supernumeraria del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima .

De acuerdo con la Fiscalía, en ambas ocasiones Paucar Boza no cumplía con los requisitos previstos en la Ley de la Carrera Judicial, referidos a la habilitación profesional y a la experiencia mínima exigida.

Al momento de su primera designación, dice el Ministerio Público, la abogada contaba con apenas nueve meses de incorporación al Colegio de Abogados de Lima.