¿Qué medidas impulsan las comunidades para paliar los desahucios?
Madrid, 24 sep (EFE).- El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años expulsada de la vivienda de renta antigua en la que vivió durante siete décadas en Madrid, no es un episodio aislado.
Su caso evidencia la vulnerabilidad de miles de hogares en muchas ciudades españolas, mientras las comunidades autónomas impulsan —con alcance desigual— distintas medidas para intentar paliar la situación.
La diversidad de respuestas autonómicas muestra que no existe una única fórmula.
Algunas comunidades centran sus políticas en ayudas directas al alquiler; otras refuerzan la mediación hipotecaria o con los propietarios, amplían su parque público, conservan indefinidamente la protección de las viviendas protegidas (VPO) o habilitan alojamientos de emergencia.
Sin embargo, el caso de Maricarmen pone de manifiesto el límite de estas herramientas cuando llegan tarde o no se traducen en una alternativa residencial estable.
A continuación, algunos casos y medidas adoptadas por comunidades autónomas que han recopilado las delegaciones de la Agencia EFE.
Asturias apoya su política en el parque público de alquiler de Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias).
El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, asegura que las familias vulnerables pueden mantener su vivienda pública si hay una "colaboración mínima" por su parte cuando existe una situación de impago.
El modelo ha sido cuestionado tras el desahucio de una mujer y su hija menor de un piso de Vipasa, denunciado por el Sindicato de Inquilinas.
La empresa pública sostiene que la vivienda, adjudicada en 2019 por emergencia social con una renta de 67 euros mensuales más la cuota de comunidad, acumulaba desde 2021 impagos voluntarios pese a la intervención social y a varios intentos de acuerdo.
El parque público asturiano suma 10.370 viviendas, todas destinadas al alquiler.
El Principado ha licitado o adjudicado 600 viviendas durante la legislatura, prevé sacar otras 800 y aspira a alcanzar 15.000 inmuebles públicos en un horizonte de diez años.
En Palma, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca ha llevado este jueves al pleno municipal el caso de Pilar, una mujer de 65 años con incapacidad laboral que fue desahuciada hace unos meses tras la compra de su edificio por un fondo de inversión y la rescisión de su alquiler.
Con una prestación de 480 euros, no ha podido acceder ni a una habitación y, según la plataforma, vive en un coche pese a necesitar condiciones higiénicas adecuadas por sus problemas de salud.
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