Ciudad argentina más cercana a Malvinas se suma a demanda por proyecto petrolero en islas

Buenos Aires, 11 sep (EFE).- Río Grande, la ciudad argentina más cercana a las islas Malvinas, se sumó este viernes a la demanda presentada por abogados ambientalistas y excombatientes argentinos en la guerra de 1982 contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas en aguas próximas al archipiélago.

Por su cercanía geográfica, Río Grande, ubicada en la provincia de Tierra del Fuego, tuvo un papel estratégico durante la guerra y mantiene una relación especialmente estrecha con las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833.

El Gobierno local adhirió a la demanda presentada el pasado 1 de septiembre ante la Justicia Federal de Río Grande por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Malvinas de La Plata (Cecim), que buscan frenar el desarrollo del proyecto petrolero.

Denuncian que el emprendimiento avanzaría sin la evaluación de impacto ambiental y las autorizaciones exigidas por la legislación argentina y advierte sobre posibles derrames, contaminación, ruido submarino y alteraciones de hábitats y especies marinas.

Plantea además que el proyecto supone una acción unilateral contraria a resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía.

El argumento central del Gobierno de Río Grande para su intervención es que se trata de una ciudad ribereña del Mar Argentino y tiene responsabilidades específicas de protección de la cuenca, las aguas, el lecho, el subsuelo y las especies.

El proyecto 'offshore' (costas afuera), que prevé comenzar a extraer crudo en 2028, se ubica en la cuenca petrolera Malvinas norte, a unos 220 kilómetros de las islas, en el Atlántico sur, un espacio que para Argentina está dentro de su plataforma continental y que forma parte de su histórico reclamo de soberanía sobre el archipiélago y las aguas que lo rodean.

Este miércoles, la Justicia de Río Grande se declaró competente para intervenir en la causa, al considerar que existen razones vinculadas con la materia, el territorio y la jurisdicción internacional que justifican la intervención de la Justicia federal argentina.

El tribunal también destacó la cuestión ambiental del Atlántico Sur y consideró que la controversia involucra un bien colectivo relacionado con la soberanía nacional.

Las medidas preventivas solicitadas por los demandantes, entre ellas la suspensión del proyecto, todavía no fueron resueltas y su tratamiento quedó supeditado al cumplimiento de pasos procesales.