La Paz Total, atravesada entre la expansión armada y la defensa de los diálogos territoriales: esta es la radiografía de un fracaso consumado

Al cabo de cuatro años de conversaciones, ceses al fuego, zonas de ubicación temporal y diferentes acercamientos con estructuras armadas y bandas urbanas, la política de Paz Total del expresidente Gustavo Petro llegó a su fin.

Este proceso, que se desarrolló en medio de fuertes controversias, terminó sin un acuerdo colectivo que desmantelara a una organización armada mediana o grande.

El resultado de esta iniciativa, considerado como un fracaso a juzgar por las expectativas generadas, fue la antesala para que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, optara por desmontar los espacios que seguían activos.

Y no solo eso: reactivara la medidas judiciales y priorizara una estrategia de control territorial, persecución penal y sometimiento a la justicia.

Y es que el megaproyecto que buscaba poner fin a los distintos conflictos con los grupos armados, abarcó un espectro amplio, pero no pudo avanzar en mediciones verificables sobre su impacto.

Y todo porque partió de una premisa más general que la negociación con grupos armados, pues incluyó la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y otra serie de características en su desarorllo.

Algunas de ellas , la puesta en marcha de eventuales mecanismos de sometimiento judicial , una serie de diálogos con organizaciones que alegaban motivaciones políticas y estrategias para reducir las violencias urbanas y territoriales.

El diseño, en síntesis, buscaba combinar negociación, inversión estatal, participación comunitaria y presencia institucional, pero terminó diluyéndose.

La Paz Total, contrastada con las cifras Una situación que no pudo matizar la administración Petro fue que la ejecución no produjo los resultados que el Gobierno esperaba.

De acuerdo con el análisis hecho para Infobae Colombia por el profesor Nicolás Mayorga, de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, los grupos armados se fortalecieron en sus bases, a la par de los diálogos.

Según el académico , las organizaciones armadas aumentaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026 ; es decir, un crecimiento del 90% durante el periodo en el que estuvo vigente esta política.

A este registro, Mayorga también indicó en lo que sería una crisis humanitaria derivada del impacto de estas organizaciones al margen de la ley en Colombia.

Su diagnóstico apunta a que los homicidios pasaron de 13.939 casos en 2022 a 14.780 en 2025 , mientras que el secuestro subió de 223 a 651 casos en ese mismo lapso.

Con ello, también sostuvo que el confinamiento, el desplazamiento, la extorsión y el reclutamiento persistieron o crecieron en varias zonas donde había diálogos, lo que da cuenta de la ineficacia del plan trazado por Petro.