Traspaso de las rutas 22 y 151: Weretilneck envió proyecto a la Legislatura y requiere condiciones especiales para ejecutar obras

El gobernador Alberto Weretilneck elevó a la Legislatura el proyecto de ratificación del acuerdo de traspaso a la Provincia de las rutas nacionales 22 y 151 para que Río Negro asuma la gestión, administración y mantenimiento de ambos corredores.

El expediente -que será el principal tema de la sesión del próximo jueves 3 de septiembre- incluye la declaración de emergencia vial y solicita instrumentos especiales para la contratación de obras públicas.

Además, se faculta al Poder Ejecutivo para «endeudarse» hasta en 60 millones de dólares, con destino exclusivo para obras en esas rutas.

El artículo primero ratifica en «todos sus términos el convenio» entre Río Negro y Nación «para la Ejecución de obras, conservación, mantenimiento y gestión operativa sobre tramos de las rutas N.º 22 y N.º 151″.

El estado de excepcionalidad otorgará a Vialidad Rionegrina herramientas para intervenir con mayor rapidez sobre sectores críticos de las dos rutas. Entre ellas, el organismo podrá realizar «contrataciones directas de obras, servicios y provisión de materiales por razones de urgencia» , utilizando el mecanismo de excepción previsto por la normativa provincial de Administración Financiera.

El mecanismo requerido busca evitar los plazos del procedimiento ordinario de contratación cuando la situación de las rutas requiera una respuesta inmediata.

Las intervenciones alcanzarán tareas de «reparación, mantenimiento, señalización, repavimentación y mejoramiento vial» en los tramos donde se determine la «existencia de situaciones de urgencia o riesgo para los usuarios».

La iniciativa prevé que las contrataciones realizadas bajo este régimen deberán tener posteriormente la correspondiente «publicidad», de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación.

La declaración de emergencia abarcará a las rutas 22 y 151, y establece que Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación, asignándole «la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de las obras durante el período excepcional».

La emergencia tendrá una vigencia de «un año desde la publicación de la ley», pero Ejecutivo podrá prorrogarla por otro año.

Durante ese período, Vialidad también podrá celebrar convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales, además de entidades públicas o privadas, para coordinar las acciones necesarias sobre los corredores.

El proyecto contempla la posibilidad de recibir equipamiento e instalaciones transferidos por Vialidad Nacional u otros organismos, incluso bajo modalidades como el comodato.

La requerida emergencia vial incorpora una autorización para acceder a un financiamiento de hasta 60 millones de dólares.

Se menciona la gestión de un préstamo ante el banco regional Fonplata, pero también se contempla la de «otros organismos de crédito multilaterales, bilaterales o nacionales».