Reforma procesal: jueces de tribunales orales federales pidieron frenar una posible unificación de funciones

Los jueces de los tribunales orales federales de la Ciudad de Buenos Aires cuestionaron una eventual unificación de sus funciones con las de los magistrados de garantías durante la implementación del Código Procesal Penal Federal prevista para febrero próximo .

Advirtieron que esa medida podría afectar la continuidad de juicios complejos, recargar agendas ya comprometidas y desnaturalizar el rol de los magistrados de debate.

En una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación y presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti , el Colegio de Jueces de Tribunales Orales Federales de la CABA reclamó ser convocado a las mesas de trabajo previas a cualquier modificación de competencias.

El documento también cuestiona las proyecciones sobre una posible baja de trabajo en esos tribunales y destaca que las agendas de debates para 2027 ya están completas.

“ Podría correrse el riesgo de una toma de decisiones apresuradas , basadas en necesidades concretas o consideraciones teóricas pensadas para otro tipo de delitos, objetivos o jurisdicciones”, señalaron los magistrados en la nota que remitieron.

Diferencias entre jurisdicciones El planteo se produce ante la inminente aplicación del sistema acusatorio en la justicia federal de la CABA.

Los jueces sostuvieron que la adecuación del nuevo procedimiento a causas de criminalidad organizada requiere la intervención de quienes conducen los debates orales y resuelven los expedientes más complejos.

Según indicaron, la experiencia del fuero puede aportar a cuestiones prácticas que inciden en la etapa de juicio, como la incorporación de expedientes administrativos extensos, documentación voluminosa y peritajes cuya reproducción íntegra en audiencia oral resulta difícil.

También alertaron que una solución idéntica para todas las jurisdicciones no contemplaría las diferencias en volumen y tipo de casos.

Mencionaron, entre otros factores, la existencia de procesos por corrupción y criminalidad organizada, la competencia multifuero de algunos magistrados y el impacto de delitos como el narcomenudeo.

“ La búsqueda de una solución uniforme para situaciones tan disímiles sería infructuosa ”, afirmaron en la presentación.

Estadísticas cuestionadas Los jueces objetaron las estadísticas que calculan la carga laboral de los tribunales orales únicamente a partir de las horas de audiencia.

Indicaron que esa evaluación deja afuera tareas habituales como el estudio de informes periciales, el análisis de prueba documental, la redacción de sentencias y las decisiones vinculadas con la ejecución de las condenas .

El documento afirma que las agendas para 2027, tanto de juicios colegiados como unipersonales, ya están cubiertas.