Alejandra Baigorria en polémica mundial: su video es vinculado con influencers que exponen la pobreza infantil en África “para ganar clics”

Un video que Alejandra Baigorria publicó hace tres meses en sus redes sociales fue utilizado por el medio internacional DW Español como ejemplo de la práctica de influencers que muestran a niños africanos en situación de pobreza para generar interacciones digitales .

La publicación del canal alemán, difundida el 25 de agosto, se viralizó en el Perú y reabrió un debate que ya había surgido cuando la empresaria viajó a Malawi , en el continente africano, en mayo de este año.

El contenido de DW Español se enmarca en el contexto de una medida adoptada en Burkina Faso , país del África Occidental, donde la junta militar que encabeza el capitán Ibrahim Traoré aprobó el 2 de julio de 2026 un decreto que prohíbe la difusión de imágenes o videos de beneficiarios de ayuda humanitaria cuando puedan resultar explotadores o denigrantes.

La norma fue impulsada por la ministra de la Familia y la Solidaridad, Passowendé Pélagie Kaboré , y apunta directamente a lo que las autoridades burkinesas denominaron poverty porn o “pornografía de la pobreza”: la práctica de mostrar a personas en situación de vulnerabilidad mientras reciben alimentos, dinero u otros bienes, con el fin de generar visualizaciones y seguidores en plataformas digitales.

El informe de DW Español que puso a Baigorria en el centro del debate global DW Español incluyó en su informe uno de los videos que Baigorria compartió durante su estadía en Malawi, donde aparecía junto a niños de comunidades en extrema vulnerabilidad.

En el material del medio alemán, los rostros de los menores aparecen difuminados para no exponerlos.

“La junta militar que gobierna el país ha prohibido el uso de imágenes y videos de beneficiarios de ayuda humanitaria que puedan resultar explotadores o denigrantes” , señaló el medio en su publicación.

El decreto de Burkina Faso va más allá de las imágenes.

Exige que las organizaciones humanitarias y los voluntarios que operen en el país cuenten con acreditación oficial, y establece que toda campaña de recaudación de fondos requiere autorización previa del Ministerio de Familia y Solidaridad.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que incumplan la normativa se exponen a la suspensión temporal o disolución, mientras que los creadores de contenido individuales pueden enfrentar multas, expulsión del país y restricciones de ingreso al territorio burkinés.

La ministra Kaboré explicó el alcance de la medida en declaraciones recogidas por distintos medios internacionales: “El decreto también nos permitirá regular la comunicación en torno a las decisiones que muy a menudo se realiza en la ignorancia total de imagen y la dignidad de los beneficiarios.