Rechazaron un habeas corpus y siguió el traslado de presos a Marcos Paz, mientras los pabellones de Villa Devoto se vacían

Tras el sorpresivo inicio del operativo de traslado de presos a la nueva unidad en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz , los pabellones de la histórica cárcel de Villa Devoto comienzan a vaciarse.

En algunos sectores solo quedan mugre, pintadas y los viejos teléfonos públicos que los internos usaban para comunicarse con el mundo exterior.

Este lunes continuó la movilización de una segunda tanda de reclusos, en tanto que la Justicia rechazó “un habeas corpus colectivo y correctivo” que había presentado la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) “en favor de todas las personas privadas de su libertad alojadas actualmente en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF) los trasladaría en el día de ayer- (o de forma inminente en los próximos días) sin informarles previamente la unidad de destino, posiblemente sin notificar a su defensa y al juez a cuya disposición se encuentran incumpliendo las previsiones dispuestas en el Protocolo de Traslado de Personas Privadas de Libertad” en el ámbito de la institución.

La decisión fue tomada por el juez en lo criminal y correccional Santiago Bignone, tras una audiencia en la que escuchó los argumentos de las partes.

En el habeas corpus , la Procuración Penitenciaria había sostenido que dentro del citado “colectivo” de reclusos “se encontraban las personas que cursan estudios universitarios en el Centro Universitario Devoto (CUD), en el marco del Programa UBA XXII de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuya continuidad de estudios no estaría asegurada en su nuevo alojamiento” en Marcos Paz.

Al resolver sobre la presentación, el juez Bignone sostuvo: “Del examen de las constancias reunidas en estas actuaciones, adelanto que no se advierte que se haya acreditado una afectación concreta de la integridad personal de las personas trasladadas, de sus vínculos familiares, de la finalidad de reinserción social de la pena, de los derechos de los niños eventualmente involucrados ni de las garantías judiciales y la protección judicial .

Tampoco se han identificado circunstancias que permitan concluir que la sola modificación del establecimiento de alojamiento, en el contexto de la reorganización general examinada, haya ocasionado una vulneración de esos derechos o genere, en las condiciones actualmente acreditadas, un riesgo cierto e inminente de que ello ocurra”.