Existen alternativas antes de entregar mares y ríos sin obtener nada a cambio

Jorge Tiravassi (*) En la Argentina parece haberse instalado una peligrosa forma de abordar los problemas: primero se identifica una dificultad real y luego, en nombre de solucionarla, se propone desarmar todo el sistema que la rodea.

El problema puede existir y el diagnóstico incluso puede contener elementos ciertos.

Pero cuando la solución elegida provoca un daño mayor que aquello que pretende corregir, ya no estamos frente a una reforma: estamos frente a una destrucción cuyas consecuencias pueden ser irreparables.

Eso es lo que está ocurriendo con la marina mercante y el cabotaje nacional.

Y no es la primera vez, ya paso con el decreto 340, cuando se avanzó sobre derechos y actividades estratégicas.

El mismo fue vetado por ambas Cámaras.

También lo vimos con el decreto 690/26 de desregulación del Practicaje, donde se tomaron decisiones que luego debieron ser revisadas y corregidas.

Y como resultado dejadas sin efecto.

En ambos casos, quedó expuesta una preocupante impericia política: avanzar primero, generar incertidumbre y conflicto, y recién después evaluar las consecuencias .

Los problemas de la marina mercante argentina son conocidos desde hace años y de ellos es la asimetría impositiva con respecto a otros países de la región que fomentan su marina mercante.

Existen alternativas.

Hay proyectos legislativos presentados en ambas Cámaras provenientes de distintos bloques políticos, que buscan atender esas dificultades sin destruir la marina mercante nacional ni los miles de empleos directos e indirectos que la actividad genera.

Efectivamente en nuestros ríos faltan buques de bandera argentina para determinados tráficos, pero en el mar sobran.

Abrirles el cabotaje nacional a empresas extranjeras es perder soberanía nacional y nuestro comercio interior.