La JEP aclaró cómo son los recursos destinados por el tribunal y detalló si los abogados del Secretariado de las Farc reciben salarios

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó detalles sobre los recursos destinados a la defensa de los comparecientes, con el fin de aclarar, según el tribunal, información difundida en redes sociales y medios de comunicación.

El tribunal señaló que el valor global destinado al convenio entre la JEP y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad) no equivale a los ingresos individuales de uno o varios abogados.

“La Jurisdicción aclara que el valor global destinado al funcionamiento del Convenio interadministrativo entre la JEP y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD Colombia) no equivale al ingreso de un abogado o abogados de forma individual”, indicó.

La JEP señaló que, desde su creación, ha garantizado el derecho a la defensa y al debido proceso de todas las partes involucradas , incluidas las víctimas y los comparecientes, entre ellos los firmantes del Acuerdo de Paz.

“Desde su creación, la Jurisdicción Especial para la Paz ha garantizado el derecho a la defensa y el debido proceso de todas las partes involucradas en el proceso judicial, tanto de las víctimas como de los comparecientes, incluidos los firmantes del Acuerdo Final de Paz, exintegrantes de las Farc-EP, según lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley Estatutaria de la JEP (1957 de 2019)”, expresó el tribunal.

Por esa razón, el tribunal señaló que se han realizado convenios con la Fupad con el propósito de ofrecer asesoría jurídica, defensa técnica y acompañamiento psicosocial.

“El equipo de profesionales vinculado a estos convenios ha estado conformado por un grupo interdisciplinario que incluye abogados, psicólogos, analistas y asesores, entre otros expertos”, indicó la JEP.

La JEP informó que el componente jurídico para la defensa técnica judicial de los comparecientes que integraron el último Secretariado de las extintas Farc-EP está conformado por dos abogados de defensa, con pagos mensuales de $8.536.421 cada uno; tres abogados de coordinación jurídica, con $10.408.452 cada uno; otro coordinador jurídico, con $9.731.522, y un abogado asesor, con $9.844.000 mensuales.

El tribunal sostuvo que estos recursos corresponden a los equipos de defensa y no a un pago individual por la totalidad del convenio.

Además, señaló que la defensa técnica constituye una garantía del debido proceso y un componente de la administración de justicia.