Rescisión de Uruguay con astillero español Cardama: oposición denuncia a ministra de Yamandú Orsi

La rescisión del contrato que dispuso el gobierno uruguayo con el astillero español Cardama lleva 10 meses de polémica.

El 22 de octubre del 2025, el presidente Yamandú Orsi anunció que se iniciaba el proceso para culminar el contrato para adquirir dos patrulleras oceánicas tras detectar irregularidades en la garantía que presentó la compañía.

Luego, el Poder Ejecutivo presentó una denuncia penal, el mismo recurso al que ahora recurrió la oposición.

La decisión del gobierno de Orsi motivó un enfrentamiento público con su antecesor , Luis Lacalle Pou , en cuya administración se compraron estas patrulleras.

La rescisión del contrato motivó una comisión investigadora en el Parlamento, que culminó el viernes 21 con conclusiones diferentes entre el oficialismo y la oposición.

Este lunes, las dos bancadas convocaron a conferencias de prensa para anunciar sus conclusiones sobre el trabajo de esa comisión investigadora, que se extendió durante cinco meses.

La Coalición Republicana , integrada por tres partidos políticos y liderada por el expresidente Lacalle Pou –aunque está alejando de los temas diarios–, anunció que denunciará penalmente a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo , por resolver esta rescisión.

“Estamos terminando de redactar, vamos a presentar en los próximos días una denuncia penal contra la ministra Lazo por el delito de abuso innominado de funciones.

En función de todo lo que aquí se ha informado, y de la operación política que se ha llevado a cabo, la misma está referida a asuntos que son de la competencia del Ministerio de Defensa Nacional.

Por lo tanto, la ministra Lazo es responsable legal, política y penalmente ”, argumentó Pablo Abdala , diputado del opositor Partido Nacional, sobre la presentación de la denuncia.

El legislador Gerardo Sotelo , del Partido Independiente, criticó que aún no se sabe “en base a qué cálculos fue que indujeron al presidente de la República a firmar una rescisión a todas luces ruinosa ”.

Gabriel Gianoli, también diputado nacionalista, criticó: “No tenemos patrulleras, hemos pagados 28 millones de euros, no sabemos cuánto vamos a perder.

Y todo esto obedece a una maniobra política de muy mala fe , de varios actores del gobierno, y desde el inicio mismo del gobierno”.

En el sistema político uruguayo hay consenso en que son necesarias las patrulleras oceánicas para custodiar la soberanía uruguaya en el mar.