Dos pedidos para el Gobierno

En mayo del año pasado me quejé de que el Gobierno todavía no había nombrado (ni intentado nombrar) ningún magistrado, a pesar de los enormes problemas que generaba para la Justicia Federal la existencia de tantos juzgados y fiscalías vacantes.

Desoyendo mis protestas, el Gobierno mantuvo su postura durante casi otro año más, hasta la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, que finalmente mandó los pliegos demorados y entre junio y fines de agosto el Senado aprobó 170 cargos de jueces, fiscales y defensores federales.

Si antes protestaba porque el Gobierno ignoraba el tema, ahora no voy a protestar por lo contrario.

Nombrar jueces es parte del funcionamiento normal de una república y estas designaciones cumplieron los pasos legales para cada cargo: el Consejo de la Magistratura hizo los concursos y presentó sus ternas al Poder Ejecutivo, que a su vez eligió un candidato para enviar el pliego al Senado y el Senado los aprobó.

En este sentido, nada que objetar: debería ser más habitual y menos parecido a un aluvión esporádico, pero es un paso adelante.

Un punto para resaltar , sin embargo, es que solo seis de los 170 cargos aprobados fueron para abogados que venían ejerciendo su profesión fuera del sistema judicial.

Es decir, que la inmensa mayoría de los afortunados ganadores de los concursos son miembros de lo que se conoce, quizás injustamente, como la “familia judicial”, famosa por ser proclive a los acomodos y los intercambios de favores.

Sería injusto y soberbio afirmar que todos los designados en estos meses entraron o ascendieron gracias a padrinos o contactos, pero la hostilidad de la familia para aceptar yernos o cuñados nuevos parece innegable.

Un problema central de nuestra Justicia es la enorme influencia de estos padrinos (de dentro pero también de afuera: de la política) en las carreras de los magistrados federales.

Tipos y minas que saben a qué operadores les deben sus cargos (y de quiénes dependen para seguir ascendiendo) se incorporan así a la cascada de decisiones en el borde de la legalidad que empiojan los expedientes y perjudican la calidad del servicio de justicia.

Algunos dirán que, con la cultura política que tenemos, es un problema imposible de resolver.

Que seguiremos presos de este sistema judicial donde reinan los favores, los acomodos, las apretadas y la ocasional corrupción.

Puede ser.

Sin embargo, está en el aire una propuesta de la Corte Suprema que ayudaría mucho a reducir la influencia de los operadores y aumentar las chances de los candidatos más idóneos para los cargos vacantes.