Adorni pidió dos semanas más para presentar su justificación de bienes en la causa por enriquecimiento

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni pidió una prórroga de 15 días para presentar el escrito con la justificación de sus bienes que le reclamó el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa en que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

La fiscalía dijo que hay 43 millones de pesos de gastos por encima de los ingresos y unos US$400.000 cuyo origen no está corroborado.

El plazo original para presentar el escrito vencerá el próximo miércoles, pero el abogado de Adorni planteó en un escrito ante el juez federal Ariel Lijo la necesidad de posponer esa fecha.

Sostuvo la defensa a cargo de Matías Ledesma que no pudo aún compulsar documentación y archivos que el fiscal Policita mencionó en el requerimiento de justificación de bienes.

Ahora resolverá el juez Lijo.

Puede previamente pedir opinión al fiscal, que viene llevando adelante la investigación.

El 10 de agosto pasado, Policita intimó a Adorni a que brinde explicaciones sobre su crecimiento patrimonial .

“La intimación comprende los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”, dice un pasaje del requerimiento de Pollicita.

El fiscal señala que hubo un “incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge” desde que él asumió en la función pública, el 14 de diciembre de 2023, hasta su renuncia, el 27 de junio pasado.

El requerimiento de 207 carillas no fue difundido a la prensa porque tiene datos bancarios y patrimoniales reservados .

Fue elevado directamente al juez Lijo.

Si la justificación que presenta Adorni es considerada insuficiente por los investigadores, el funcionario deberá ser citado a indagatoria .

El pedido de indagatoria puede hacerlo el fiscal, pero esa decisión -de llamarlo a declarar como acusado- la debe tomar el juez.

El requerimiento que presentó Pollicita se apoya en un informe técnico sobre la evolución patrimonial del exfuncionario realizado por un organismo especializado del Ministerio Público .