Protección de menores podría frenarse por contratos suspendidos en Defensorías de Familia

La suspensión de la renovación de contratos de profesionales que apoyan a las Defensorías de Familia encendió una alerta entre los defensores encargados de proteger a niños, niñas y adolescentes en el país.

La Asociación Colombiana de Defensores de Familia, Acodefam , pidió reconsiderar la medida, vigente hasta el 31 de agosto de 2026 , porque podría afectar la atención de casos sensibles y retrasar procesos que tienen términos legales definidos.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio , la organización envió una comunicación a la entidad correspondiente en la que reconoce la importancia de revisar la contratación, pero advierte que esa revisión no puede traducirse en una interrupción de los equipos que sostienen la operación diaria de las Defensorías de Familia.

La preocupación se centra en profesionales de áreas psicosociales, abogados y personal técnico que participan en la verificación de derechos y en los procesos de restablecimiento de derechos .

Para Acodefam, estos apoyos no son accesorios, sino parte del engranaje que permite valorar casos, sustanciar expedientes, acompañar decisiones y responder a situaciones en las que hay menores de edad en condición de vulnerabilidad.

Acodefam advierte impacto en procesos urgentes El presidente de Acodefam señaló que varios contratistas ya hacen parte de los equipos que atienden procesos de protección.

Por eso, suspender la renovación de esos vínculos podría disminuir la capacidad de respuesta de los despachos, justo en áreas donde se requiere continuidad profesional y conocimiento previo de los casos.

La asociación puso como ejemplo el Centro Zonal Rafael Uribe , en Bogotá.

Según explicó, allí una psicóloga, un técnico y un abogado que apoya la sustanciación de procesos están vinculados mediante contrato.

Además, el técnico y el abogado prestan apoyo compartido a otro despacho, lo que refleja cómo una sola suspensión puede generar presión en más de una dependencia.

El riesgo, según Acodefam, no se limita a Bogotá.

La organización advirtió que una situación similar podría repetirse en decenas de despachos del país, donde los defensores de familia dependen de equipos interdisciplinarios para cumplir sus funciones.

Sin ese respaldo, podrían acumularse valoraciones pendientes, trámites jurídicos, informes técnicos y decisiones necesarias para garantizar derechos.

Los procesos de protección de menores no funcionan como trámites ordinarios.