Estos son los compromisos conjuntos que asumirá Colombia tras su adhesión formal al Escudo de las Américas
Tras la adición de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Carteles, en conjunto, los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago se pusieron de acuerdo para establecer unas prioridades esenciales que van más allá de la lucha contra el narcoterrorismo en el Hemisferio.
A través de una declaración conjunta relativa a la defensa de la soberanía en el Hemisferio, el organismo regional planteó tres pilares de trabajo.
El documento fue difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos y constituye la primera medida conjunta del denominado Escudo de las Américas El primero apunta a la cooperación económica, con medidas para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, controlar inversiones y promover estándares para proveedores confiables de infraestructura digital.
El segundo se centra en la seguridad y la defensa de la gobernanza democrática.
El texto contempla ampliar las capacidades civiles de seguridad, coordinar sanciones y acciones financieras, y ofrecer asistencia humanitaria y de comunicación frente a las redes armadas.
El tercer eje propone una mayor coordinación en foros regionales y multilaterales, con el propósito de impulsar acciones contra el crimen organizado transnacional y promover reformas en organismos internacionales.
Para sostener esas medidas, los países anunciaron que buscarán ampliar el intercambio de inteligencia, el acceso a tecnologías de seguridad, la capacitación de personal y el intercambio de prácticas.
La acción contra los 24 grupos narcoterroristas De la misma manera, los gobiernos firmantes anunciaron una acción colectiva contra 24 organizaciones calificadas como narcoterroristas, que contempla congelamiento de activos, restricciones migratorias y posibles sanciones penales contra quienes les brinden apoyo material.
El documento señala que los Estados buscarán aplicar las medidas de acuerdo con sus respectivas leyes nacionales y obligaciones internacionales.
Entre las herramientas previstas figuran la inmovilización de bienes, limitaciones de inmigración y visados para integrantes, asociados y simpatizantes de las organizaciones, además de acciones penales contra quienes aporten recursos o asistencia logística con conocimiento de su destino.
La lista incluye a Mara Salvatrucha (MS-13), el Tren de Aragua, Barrio 18, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Sendero Luminoso y los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) , entre ellos el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.
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