Perú aprueba nuevos lineamientos para el manejo de cadáveres ante desastres, en medio de alertas por El Niño e incendios
Mientras las autoridades intentan controlar los incendios forestales que afectan varias regiones y refuerzan las medidas de prevención ante el escenario de lluvias asociado a El Niño, el Gobierno peruano aprobó nuevos lineamientos para la gestión y el manejo de cadáveres y restos humanos en situaciones de emergencia y desastre.
La norma busca ordenar la respuesta de las instituciones cuando un evento deja víctimas mortales.
El documento plantea una atención “segura, adecuada, respetuosa y digna”, bajo una coordinación entre las entidades que intervienen durante una emergencia.
La medida fue aprobada por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la PCM, a partir de una propuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Los lineamientos se integran al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y forman parte de las acciones previstas para la respuesta ante eventos de gran impacto.
La decisión coincide con un escenario de riesgos simultáneos.
La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene la alerta de El Niño y prevé lluvias por encima de lo normal en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental durante los próximos meses.
A la vez, los incendios forestales han dejado 10 muertos en lo que va de 2026, según informó Indeci.
El Niño y los incendios elevan los riesgos en varias regiones del país El Perú arrastra antecedentes de emergencias climáticas y geológicas con un alto costo humano.
Por ello, el manejo de víctimas mortales se convirtió en una parte sensible de la respuesta estatal, junto con las labores de rescate, atención sanitaria, rehabilitación de vías y asistencia a las familias afectadas.
Por ejemplo, el fenómeno de El Niño de 1982-1983 dejó 512 fallecidos y cerca de 1,33 millones de damnificados, según registros históricos de entidades estatales.
Las lluvias intensas en el norte, junto con sequías en otras zonas del país, afectaron viviendas, cultivos, carreteras e infraestructura pública.
El evento de 1997-1998 también volvió a exponer la vulnerabilidad de las zonas costeras y del norte peruano.
El balance histórico registra 366 muertos y más de medio millón de damnificados.
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