¿Tiene una empresa familiar? Si su socio posee el 10%, SUNAT podría perseguirlo desde noviembre

Las micro y pequeñas empresas deberán atender desde noviembre la presentación de la declaración del Beneficiario Final , una obligación que forma parte del cronograma de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria ( SUNAT ) y cuya omisión puede derivar en sanciones de hasta 50 unidades impositivas tributarias (UIT) , equivalentes a S/275.000 en 2026.

La medida alcanza a las empresas de menor tamaño dentro de un proceso que comenzó años atrás y que incorpora de forma gradual a distintos contribuyentes.

El punto central consiste en identificar a la persona natural que posee o controla en última instancia una compañía, incluso cuando la propiedad figure a nombre de otras sociedades o existan varios niveles de participación.

Para Juan Santivañez , socio de BKR - Santivañez y especialista en contabilidad y tributación, el reto para las Mypes no radica en una regla recientemente creada, sino en la etapa de aplicación que les corresponde.

“No estamos ante una nueva obligación, sino ante la culminación de un cronograma gradual.

La diferencia es que SUNAT hoy cuenta con una mayor capacidad de cruce de información, por lo que los incumplimientos y las inconsistencias son más fáciles de detectar”, explicó.

La obligación apunta a quien controla o posee la empresa El Beneficiario Final es la persona natural que ejerce la propiedad o el control efectivo sobre una empresa.

La normativa contempla distintos criterios para determinarlo, entre ellos una participación de al menos 10% en el capital o la capacidad de tomar decisiones relevantes sobre la gestión de la compañía.

Por esa razón, la identificación no siempre se resuelve con la revisión del gerente general ni con una lista de accionistas directos .

Una empresa puede tener como socios a otras personas jurídicas, inversionistas extranjeros o estructuras societarias que requieren un análisis adicional para establecer quién está detrás de la propiedad o del control.

Este aspecto adquiere relevancia para las compañías con organizaciones más complejas, aunque también puede generar dudas en negocios familiares que modificaron su composición accionaria, incorporaron nuevos socios o no actualizaron sus datos internos.

La declaración exige que la empresa sustente el criterio que utilizó para identificar a su beneficiario final .

La omisión puede costar entre cinco y 50 UIT El riesgo más alto aparece cuando una empresa no presenta la declaración dentro del plazo o registra información que no corresponde con su estructura societaria.

Según Santivañez, la multa equivale a 0,6% de los ingresos netos del contribuyente, con un mínimo de cinco UIT y un máximo de 50 UIT.