La nueva ley penal juvenil pone a la escuela ante un dilema: educar o criminalizar

Una pelea entre alumnos, un celular robado en el recreo, una amenaza entre compañeros, o el empujón que provoca lesiones.

Situaciones variadas que se resuelven en el espacio escolar , con llamado a los padres y mediación docente.

A partir del 5 de septiembre, con la entrada en vigencia de la Ley 27.801 , esos jóvenes podrían convertirse en imputados penales .

Y los directores y maestros, en los primeros eslabones de una cadena que lleva a adolescentes de 14 años ante la Justicia.

La nueva norma establece un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil que alcanza a jóvenes de entre 14 y 18 años recién cumplidos , pero lo más grave, es que aplica todo hecho tipificado como delito en el Código Penal .

Su alcance va mucho más allá de modificar la edad mínima de imputabilidad: amplía considerablemente el universo de conductas que pueden llevar a un adolescente ante la Justicia penal .

El aula como antesala del juzgado La escuela secundaria es el espacio donde los adolescentes comprendidos en esa franja etaria transcurren su cotidianidad.

Allí se los conoce, se observa su trayectoria, sus vínculos, sus dificultades.

Y, muchas veces, se detectan situaciones que ninguna otra institución del Estado llega a conocer a tiempo.

Pero la nueva ley le agrega a ese rol una carga inédita: la aplicación de todo el Código Penal y la obligación de denunciar ante la autoridad judicial competente cualquier delito que ocurra en el establecimiento.

Lesiones, amenazas, hurtos, riñas: todos deberían ser reportados.

Lo que hasta ayer era un conflicto escolar, desde el 5 de septiembre puede ser una causa penal .

El problema es evidente: si cada incidente escolar se judicializa, el colapso del sistema no tardará en llegar .

Y la respuesta que los impulsores de la ley esperaban será obstaculizado por miles de denuncias con poco futuro real.