El Departamento de Justicia de Estados Unidos pide reinstalar los cargos contra Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado por error

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió el lunes 17 de agosto reinstalar los cargos criminales contra el ciudadano salvadoreño Kilmar Abrego García .

La solicitud oficial se presentó ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito con el objetivo de revertir un fallo previo que calificó el proceso judicial como “un acto de venganza institucional”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos apeló un fallo que desestimó cargos de tráfico humano contra Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado por error en 2025.

Un juez federal consideró que las acusaciones eran una represalia por su victoria legal previa, mientras que el gobierno sostiene que el procesamiento es legítimo y necesario para la seguridad pública.

El origen de una persecución judicial inusual El caso de Abrego García destaca en el sistema legal estadounidense por la acusación de “enjuiciamiento vindicativo”.

Este término técnico describe situaciones donde el gobierno procesa a una persona no por un delito sólido, sino como castigo por haber ejercido sus derechos legales o haber ganado una demanda contra el Estado.

En mayo de 2026, el juez federal Waverly Crenshaw determinó que la fiscalía actuó bajo este principio de represalia.

El magistrado concluyó que, si el inmigrante no hubiera impugnado con éxito su expulsión del país, el gobierno jamás habría presentado los cargos de tráfico de personas que ahora intenta restablecer.

Según documentos judiciales del caso , la acusación por presunto contrabando de personas se originó durante un control de carretera en Tennessee en noviembre de 2022.

Aunque la policía local sospechó en ese momento de la transportación ilegal de migrantes, las autoridades federales no presentaron cargos formales en su momento y mantuvieron el expediente en pausa durante años.

La deportación por error y el peligro de muerte Kilmar Abrego García es un padre de familia que residía en Maryland junto a su esposa y sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses.

Hace más de una década huyó de El Salvador tras recibir amenazas directas de muerte por parte de pandillas, un hecho que un juez de inmigración reconoció al otorgarle protección legal para permanecer en el país.

Pese a contar con una orden judicial que prohibía su expulsión, la administración de Donald Trump lo deportó en marzo de 2025 debido a lo que el gobierno calificó como un “error administrativo”.

Esta acción obligó al hombre a regresar al entorno peligroso del que había escapado años atrás.