El desafío de la justicia porteña ante el nuevo régimen penal juvenil: denuncias indiscriminadas y aumento de causas

La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil volvió a desatar discusiones que dividieron las aguas en el sistema judicial.

La polémica ocurrió a los dos días de su implementación, cuando la jueza bonaerense Marta Elba Pascual suspendió la aplicación de la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años alegando falta de infraestructura y recursos para aplicarla en la provincia.

La justicia porteña se diferencia en este sentido: aseguran que su sistema sí está preparado y no solo para recibir las causas, sino también para contener a los menores involucrados.

No obstante, las autoridades admiten que indudablemente la ley traerá grandes desafíos, muchos de los cuales recién aparecerán con el correr de los meses.

El más grande, se animan a adelantar fuentes judiciales a Infobae, estará ligado al caudal de denuncias indiscriminadas que podrían empezar a llegar.

Es que el nuevo régimen, que actualizó una legislación de 1980, establece que los mayores de 14 años podrán enfrentar procesos judiciales por cualquier tipo de delito previsto en el Código Penal.

Esto abarca desde un homicidio simple, que en CABA representa un porcentaje mínimo de los hechos que cometen menores, hasta daños, ciberbullying o lesiones leves por una pelea a golpes en un partido de fútbol.

“Lo que antes se podía resolver en la puerta de un colegio o en una reunión de padres, ahora se va a tramitar en un expediente”, alertaron las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para graficar el lado B que trae la nueva normativa.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Javier Buján, señaló a este medio: “Probablemente habrá un aumento de denuncias vinculadas a delitos tecnológicos, todo lo que se gesta en chats”.

En ejemplos concretos, ahora un adolescente puede ser denunciado por hechos como grooming; divulgación no consentida de imágenes íntimas; discriminación; amenazas y extorsiones; y hostigamiento digital cuando la conducta encuadre en una figura penal.

Como muchos de los casos pueden ocurrir en ámbitos escolares, las autoridades judiciales no solo adelantan un incremento en las causas de menores , sino también en las subyacentes: el director/a de una institución podría ser denunciado/a también por incumplimiento de los deberes del funcionario público si presencia y no alerta la comisión de un delito dentro de su establecimiento.

Así, la nueva ley obliga a todas las áreas de la Ciudad que trabajan con infancias y adolescencias a reforzar las medidas de prevención y fortalecer los diálogos con las familias de los menores para intentar resolver algunos episodios antes de judicializarlos.