Ministerio de Agricultura comenzó a desmontar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos implementadas por el Gobierno Petro
El Ministerio de Agricultura inició la derogatoria de cinco resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en municipios de Cundinamarca, una de las herramientas más visibles de la reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro, con el argumento de que esas restricciones sobre el uso del suelo no se sustentaron en información completa ni en una evaluación técnica suficiente, y porque su continuidad mantendría efectos obligatorios que el propio proyecto oficial considera injustificados.
La decisión abarca 15.800 hectáreas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, en la Sabana de Bogotá .
Según el proyecto de resolución, esas áreas dejarán de producir efectos como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos y también como determinantes de ordenamiento territorial de nivel dos desde la entrada en vigencia del acto.
El texto oficial sostiene que la derogatoria conjunta es la alternativa “más coherente” frente a dificultades estructurales y complejas detectadas en las cinco declaratorias .
El documento añade que la configuración actual de esas determinantes no permite establecer una correspondencia suficientemente sólida entre las restricciones impuestas, la realidad productiva que representan y el objetivo de protección que persiguen.
La medida marca el inicio del desmonte de una figura que el gobierno de Gustavo Petro utilizó de forma intensiva para impulsar su plan de reforma agraria .
La administración de Petro destacó durante su gestión la declaratoria de 197 mil hectáreas como Appa en distintas regiones del país, incluidos Antioquia y La Guajira.
El Gobierno cuestiona la base técnica de las restricciones El punto central de la derogatoria es técnico y jurídico.
El proyecto del Ministerio de Agricultura afirma que las medidas para proteger la producción de alimentos deben apoyarse en información actual, verificable y técnicamente suficiente , además de reflejar de manera adecuada la diversidad productiva de cada territorio.
Entre los problemas identificados, el Gobierno señala falta de precisión, coherencia y representatividad en las delimitaciones.
También indica que una misma actividad podía aparecer como permitida en un municipio y restringida en otro, y que se usó información preliminar sobre la frontera agrícola, en lugar de información definitiva sobre las actividades agropecuarias.
El documento sostiene que conservar los actos mientras se modifican sus componentes estructurales prolongaría efectos obligatorios sobre delimitaciones cuya justificación técnica está comprometida.
Por eso concluye que los beneficios de retirar esos instrumentos específicos superan la afectación derivada de su eliminación.
El alcance práctico de las Appa era amplio.
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