Traductores en pie de guerra: el intento de desregulación que amenaza su futuro

Un sector profesional que hasta ahora se había mantenido al margen del debate por la agenda desreguladora del Gobierno salió a resistir.

Los traductores públicos lanzaron una campaña para frenar la derogación del artículo 6 de la Ley 20.305, que establece la obligatoriedad de la traducción certificada por un matriculado para todo documento en idioma extranjero que se presente ante organismos nacionales.

El anteproyecto en cuestión, elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, todavía no fue enviado al Congreso porque no hay acuerdo dentro del propio Gobierno.

Sturzenegger llegó a esta pelea con los traductores golpeado por dos traspiés consecutivos.

A comienzos de agosto, el Gobierno tuvo que aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada retirando sobre la marcha los capítulos de reforma a la Ley de Tierras Rurales —que habilitaba la compra de tierras por extranjeros— y de la Ley de Manejo del Fuego, por falta de apoyo de gobernadores aliados.

En Casa Rosada la lectura fue que “no se midió adecuadamente” el impacto político de la iniciativa ni se instaló bien el propósito de la reforma, lo que terminó allanándole el camino a la oposición.

El golpe más duro llegó con los prácticos.

El Decreto 690/2026, que desregulaba el practicaje portuario vigente desde 1991, derivó en un paro que paralizó los puertos durante tres o cuatro días, con unos 180 buques demorados y pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares.

Karina Milei corrió personalmente a Sturzenegger de la negociación —ni siquiera figura en el acta firmada— y delegó el cierre del conflicto en Diego Santilli; el Gobierno terminó suspendiendo el decreto y aceptando una rebaja del 20% en las tarifas del sector.

Dentro del Gobierno, algunos funcionarios responsabilizan al ministro por “abrir frentes innecesarios”, y se evalúa someter sus próximos proyectos —como el de traductores— a mayor filtro político antes de avanzar.

Es justamente ese clima de desconfianza interna el que explicaría por qué el anteproyecto de traductores públicos, pese a estar redactado, todavía no fue enviado al Congreso.

La polémica por el proyecto Según pudo reconstruir El Cronista a partir del borrador que circula, el texto deroga directamente el artículo 6 de la 20.305 e incorpora un nuevo artículo 1 ter a la Ley de Procedimiento Administrativo (19.549), por el cual será el Poder Ejecutivo, y no la ley, quien determine “con carácter excepcional” en qué trámites, procedimientos o categorías documentales seguirá siendo exigible una traducción pública.