La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución
El Gobierno puede aprobar el reglamento de la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026.
Así lo concluye un informe jurídico elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española, que sostiene que no existe ningún impedimento legal para culminar la norma antes de la cita electoral.
La clave, según el documento, está en activar de inmediato la tramitación urgente y evitar retrasos durante el procedimiento.
El análisis aborda una de las principales dudas sobre el calendario de aprobación: si la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral limitan la capacidad del Ejecutivo para desarrollar reglamentariamente la pasarela .
La respuesta de la Abogacía es que no.
El Gobierno no pasa automáticamente a estar en funciones por la convocatoria de elecciones y conserva sus competencias reglamentarias hasta la celebración de los comicios.
Por tanto, el Ejecutivo puede aprobar el Real Decreto que debe desarrollar la Pasarela al RETA sin que la disolución parlamentaria paralice el procedimiento.
El informe distingue entre las iniciativas que se encuentran en tramitación en las Cámaras y los procedimientos administrativos que dependen directamente del Gobierno, que pueden continuar su curso pese al calendario electoral.
La convocatoria no suspende los procedimientos administrativos La Abogacía sostiene que la disolución de las Cortes afecta a la actividad parlamentaria, pero no supone la suspensión automática de los procedimientos administrativos impulsados por el Ejecutivo.
En consecuencia, el proceso de aprobación del reglamento de la pasarela no decae ni queda suspendido por la convocatoria de elecciones.
El documento también analiza las restricciones que establece la legislación electoral durante el periodo previo a los comicios.
Estas limitaciones se dirigen fundamentalmente a la comunicación institucional y al uso de actos públicos para difundir logros o realizaciones de las administraciones.
No constituyen, según el informe, una prohibición general para que el Gobierno apruebe nuevas disposiciones normativas.
Esta interpretación abre la puerta a que el Ejecutivo complete la regulación antes del 29 de noviembre.
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