El Congreso de Guatemala reabre la disputa por una ley de aguas con la iniciativa 6816 con la que suma 39 propuestas en tres décadas

El Congreso de Guatemala acumula 39 iniciativas fallidas para regular el agua desde 1990, y la más reciente, la 6816 , abrió una nueva disputa política y territorial porque busca crear una Superintendencia Nacional del Agua y un sistema de licencias comerciales en un país donde la ley específica ordenada por la Constitución de 1985 todavía no existe.

La propuesta ingresó al pleno el 3 de agosto de 2026 y, en menos de un mes, ya enfrentaba dos frentes de resistencia: el rechazo de organizaciones indígenas y territoriales y una alternativa impulsada por la bancada de la UNE.

El nuevo expediente se sumó así a una secuencia de proyectos archivados, frenados o dictaminados en contra durante más de tres décadas.

La Constitución, en su artículo 127, estableció que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, y ordenó regular su aprovechamiento conforme al interés social.

Cuatro décadas después, esa norma de desarrollo sigue pendiente.

La historia legislativa muestra 36 años sin una ley general de aguas El expediente más antiguo localizado sobre la materia es la iniciativa 0677, presentada el 29 de agosto de 1990 por el entonces presidente de la República con una propuesta de Ley General de Aguas que fue enviada a la Comisión de Gobernación.

Después llegaron la 0993, del representante Elder Vargas Estrada, el 18 de noviembre de 1992, y la 1001, promovida por Arturo Amiel Escobar y otros diputados el 12 de enero de 1993.

Ambas fueron remitidas a la Comisión de Medio Ambiente y no registraron avances posteriores.

En 1996, el Organismo Ejecutivo volvió a intentarlo con la iniciativa 1621, conocida por el pleno el 24 de septiembre y trasladada a las comisiones de Ambiente, Legislación y Puntos Constitucionales, y Agricultura.

Ese expediente pasó ocho años sin dictamen hasta que el 1 de octubre de 2004 fue enviado al Archivo Legislativo.

La parálisis también marcó la iniciativa 2865, presentada por el diputado Jorge Mario Ríos Muñoz el 15 de mayo de 2003, que quedó sin dictamen durante 21 años y fue archivada formalmente el 27 de mayo de 2024, cuando la Comisión Permanente aplicó el artículo 45 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo a decenas de expedientes vencidos.

La iniciativa 3118, ingresada el 26 de enero de 2005 por un grupo multipartidario con diputados del PAN, la UNE, FRG y GANA, entre ellos José Alfredo Cojtí Chiroy y Moisés David Chuvá de León, sí recibió una respuesta formal: dictamen desfavorable.

Las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, Ambiente y Recursos Hídricos pidieron sucesivas prórrogas y, el 23 de diciembre de ese año, las dos primeras cerraron el trámite con opinión negativa.